Policías ligados a bandas criminales, una clave en el espiral de violencia

La lista de suboficiales de la Policía Nacional y también de algunos oficiales, investigados o sentenciados por ‘trabajar’ para bandas criminales es bien extensa. La condena de tres agentes en actividad y otro en situación de retiro por integrar una organización dedicada a la extorsión, sicariato y secuestro es apenas un ejemplo de una práctica extendida.

De acuerdo a la tesis fiscal a la que tuvo acceso La República, estos malos elementos se encontraban al servicio de la organización delictiva Los Michis que operaba en los distritos de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla y Puente Piedra.

La banda, que construyó su poder en base a delitos agravados, contaba con uniformados que proveían información o balas, que se ofrecían a intimidar a los enemigos y que muchas veces recibieron a cambio compensaciones.

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Los tres agentes en actividad que recibieron condenas son Junior Gómez Rivera y Paul Flores Velásquez, de la Policía de Tránsito y de la Unidad de Inteligencia de la Región Callao, respectivamente, así como de Luis Arámbulo Zapata, efectivo de la comisaría de Ancón.

52 CADENAS PERPETUA

Ayer, la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste confirmó la sentencia condenatoria para los integrantes de Los Michis, organización criminal dedicada a los delitos de secuestro seguido de muerte, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, usurpación, corrupción de funcionarios, entre otros.

Los fiscales defendieron la validez jurídica y la razonabilidad de la sentencia emitida en primera instancia, y lograron que el tribunal superior ratifique las 197 condenas, entre ellas 52 cadenas perpetuas.

Esta organización criminal operó desde fines de 2018 hasta noviembre de 2021, fecha en que fue desarticulada.

Sus integrantes se caracterizaron por la violencia y temeridad en su actuar: realizaban torturas, secuestros y causaban la muerte de dirigentes sindicales de construcción civil, así como de miembros de bandas rivales, para tener el control absoluto de las ganancias ilícitas obtenidas mediante el delito de extorsión en agravio de empresas y trabajadores del sector construcción; y tener así la hegemonía en el tráfico de terrenos en Lima Noroeste.

La banda es acusada del secuestro agravado con subsecuente muerte de Isaac Lucero Paredes, Moisés Pacaya Herrera, Saith Alvarado Aniseto, Wagner Hayllhua Pacaya, María Vargas Gómez, y la tentativa de secuestro en agravio de Javier Caldas Chávez.

También fueron sentenciados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada contra Marlon Jiménez Mogollón, Edwin Julca Sebastiana, Carlos Falcón Ramírez y la empresa Falcón & Consultora SAC.

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 También por el delito de usurpación agravada en agravio del Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, así como contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de sicariato agravado, en agravio de Walter Alarcón Vásquez, Máximo Martínez Arredondo, Juan Rosario Córdova, César Silva Timaná, Harry Chávez Minaya, Miguel Tumba Valenzuela, Michaell Trujillo Fernández y Víctor Castañeda Tárraga, entre otros delitos.

La zona conocida como la 39, que comprende los asentamientos humanos de Los Rosales, Bahía Blanca, Villa Estela y Manuel Cox del distrito de Ancón, fue el blanco elegido por la organización para operar como usurpadores de terrenos y luego expandir su dominio hacia otras zonas en Ventanilla y Puente Piedra.

Con la finalidad de lograr el control total de la zona y de la base sindical denominada Frente de Trabajadores de Construcción Civil del Kilómetro 39, esta organización criminal agregó a su accionar el secuestro agravado con subsecuente muerte contra quien representaba una amenaza para sus intereses.

Muchos agraviados de esta organización presentaban signos de tortura, ensañamiento y crueldad. Los involucrados tenían como particularidad realizar el símbolo de ‘michi’ con armas punzocortantes en la cabeza y brazos de las víctimas, por lo que se les conoce como Los Michis.

Los principales miembros de esta banda criminal permanecerán recluidos en los establecimientos penitenciarios de Challapalca, Cochamarca, Aucallama, Castro Castro y Piedras Gordas, entre otros.

REFORMA POLICIAL

El miércoles, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que se encuentra listo un proyecto de ley para reformar el régimen disciplinario policial, con el fin de sancionar de forma más rápida a los efectivos implicados en corrupción o crimen organizado.

Explicó que la iniciativa fue entregada al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y podría canalizarse vía proyecto legislativo o decreto, si el Congreso otorga facultades al Ejecutivo.

El oficial manifestó la actual normativa interna genera procesos excesivamente tediosos y largos, con plazos que permiten la prescripción de los casos.

“Lo que buscamos es una respuesta inmediata frente a hechos probados, más allá de la vía penal”, señaló tras afirmar que la reforma apunta a una separación inmediata de malos elementos, sin esperar años de investigación. Indicó que esto permitirá mejorar la imagen institucional y fortalecer la lucha contra el crimen desde dentro de la propia Policía.