Lambayeque: Detectan presunto ‘pitufeo’ en la compra de combustible

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lambayeque ha descubierto un presunto caso de colusión en la Municipalidad de Monsefú, al detectar compras sistemáticas de combustible mediante acciones de fraccionamiento, una práctica ilegal que acostumbran los funcionarios públicos para evitar los procedimientos de licitaciones públicas y así “favorecer a proveedores específicos”.

Según la fiscal Ana Zegarra Azula los hechos se agravan porque en el año 2023 la Contraloría General de la República habría notificado sobre estas acciones ilegales al alcalde de Monsefú, Erwin Huertas; y, sin embargo, en el año fiscal 2024 esta conducta irregular fue reiterada, favoreciendo a dos proveedores.

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La dolosa intención de dividir artificialmente un contrato único en varios más pequeños es uno de los delitos más recurrentes en el país.

Se hace con el fin de evitar los procedimientos obligados por la Ley de Contrataciones del Estado y así omitir de manera intencional el acceso de otros proveedores que pueden ofrecer los mismos productos. De esta manera se favorece a “proveedores amigos” y se elude las disposiciones de la administración pública.

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En el caso de la Municipalidad de Monsefú, el delito de negociación incompatible fue detectado por la Contraloría General de la República en el 2023. Se omitió el proceso de selección legalmente obligatorio para la compra de combustible. El plan anual fue por un valor de 412,100 soles, pero los funcionarios municipales, de manera irregular, dividieron la compra en 38 contrataciones menores para burlar el procedimiento legal.

Y según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), esta misma conducta incompatible se repitió en el 2024, al verificarse que se hicieron tres procesos de compra de combustible por un monto idéntico de 136,221.56 soles cada uno, con una cantidad de 408,664.68, suma total que obligaba a una licitación pública.

De acuerdo a la calificación jurídica, el delito de colusión, en el artículo 384 del Código Penal, puede ser de tres a seis años de prisión si es simple, pero aumenta la pena de seis a quince años si es agravada. La repetida acción irregular de los funcionarios involucrados y la notificación enviada al alcalde Huertas por la Contraloría agravaría la situación legal de todos ellos.

Canales de regadío Poncoy y Pómape. Otro caso de presunta irregularidad ha sido detectado por la fiscal Ana Zegarra Azula. Específicamente se trata de los canales de regadío Poncoy y Pómape, que, para ser mejorados, había que convocar a una licitación pública.

Durante la investigación se ha revelado que existió un presunto esquema de manipulación de la Ley de Contrataciones del Estado para evitar un único y riguroso proceso de selección. Otra vez, los funcionarios municipales utilizaron el fraccionamiento en las contrataciones públicas.

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 El 21 de abril de 2025, la Municipalidad Distrital de Monsefú convocó, con apenas una hora de diferencia, dos procesos de Adjudicación Simplificada casi idénticos: uno para la consultoría del "Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el Canal Poncoy" por S/ 175,500.00, y otro para el "Canal Pómape" por S/ 180,600.00. Esta argucia constituye un claro indicio de fraccionamiento indebido.

Como resultado de este proceso presuntamente manipulado, el contrato para la consultoría del Canal Poncoy fue adjudicado el 12 de mayo de 2025 y firmado el 21 de mayo del mismo año con el consorcio consultor Buenos Aires. Según la tesis legal, la responsabilidad penal por estos actos recae directamente sobre los miembros del Comité de Selección que ejecutaron los procesos de adjudicación paralelos, así como sobre los funcionarios del área usuaria (Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura) que orquestaron los dos proyectos por separado.