Gobierno creó un grupo especial contra la extorsión, pero quedó en el olvido

Hace un año, la tarde del 26 de setiembre del 2024 se hizo el lanzamiento oficial del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex-PNP), iniciativa que reunió a investigadores especializados y agentes de unidades élite con el propósito exclusivo de investigar, identificar y desarticular a las bandas criminales dedicadas a este delito.

Dicha ceremonia se desarrolló en el hall principal del Ministerio del Interior y fue presidida por el entonces titular de ese portafolio, Juan José Santiváñez Antúnez.

Sin embargo, según el Ministerio Público, las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana se incrementaron: de un promedio de 75 casos mensuales desde el año 2000 a casi 1.000 por mes en el 2025.  Hay un aumento de 1.225% y los distritos con mayor concentración de reportes son San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Comas, Los Olivos y Ate.

El día del lanzamiento del Gorex-PNP, el Ejecutivo anunció que ese nuevo comando tendría funciones operativas y preventivas orientadas a desmantelar redes de extorsión y a proteger a transportistas, comerciantes, empresarios y comunidades vulnerables. Nada o poco cambió desde entonces.

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Y el jueves, en el Congreso se anunció que impulsarán la creación de otro grupo de élite contra la extorsión al transporte público.

Al respecto, el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha considera que eso sería inviable, pues la falta de personal y logística hace imposible ejecutar esta propuesta.

Explicó que la iniciativa carece de sustento práctico debido al déficit de persomal y recursos que atraviesa esa institución. “En Lima tenemos 24 mil unidades de transporte legales y 12 mil ilegales. Pretender colocar policías en paraderos o fiscalizar es imposible”, indicó,

Por su parte, el exministro del Interior, Remigio Hernani, indica de manera crítica: “No tengo ni idea que pasó con el Gorex-PNP, creerle al señor Santiváñez fue un error, solo busca el beneficio personal, pues de seguridad ciudadana no sabe nada. Solo hace anuncios rimbombantes”.

Como se debe recordar, pocas horas después de la creación del Gorex-PNP, sicarios asesinaron en San Isidro al empresario inmobiliario Daniel Fernando Castillo Díaz (56). Fue atacado a balazos dentro de su auto BMW. 

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Y la mañana del último miércoles Jackson Gabriel Gámez Navarro, de nacionalidad venezolana y cobrador de combi de la empresa Consorcio Vía Colonial, fue victimado en el Callao. Los extorsionadores siguen asesinando.

Durante la presentación del Gorex-PNP, Santiváñez aseguró que, en un principio, este equipo especial estaría integrado por 100 efectivos de distintas unidades, seleccionados de acuerdo a sus capacidades, “para combatir frontalmente a la criminalidad organizada”.

“Grave error del Mininter al exponer los rostros del grupo operativo contra la estosión. Este grupo que realizará trabajos de inteligencia fue expuesto y sus vidas pueden correr peligro”, advirtió José Manuel Saavedra, experto en comunicación política y gubernamental.

Santiváñez también dijo que a ese grupo policial se sumarían oficiales retirados expertos en investigación criminal, cuya experiencia serviría para reforzar las labores del Gorex.

“Vamos a sumar a 200 efectivos en situación de retiro que van a ser contratados, para lograr un compartimentaje entre la experiencia y conocimientos que adquirieron en sus años de servicios, y que sirvieron de mucho para la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada”, dijo entonces.

Tres semanas después algunos exoficiales renunciaron. “Fue un paliativo a toda la ineptitud para enfrentar la inseguridad. En realidad, no fue una nueva unidad, ese grupo sirvió para repotenciar la División de Investigación de Secuestros a la que se le aumentó efectivos”, dijo un exoficial convocado.

Con fiscalías supraprovinciales

El exministro Santiváñez también destacó que ese equipo especial de la Policía trabajaría de manera conjunta con el Ministerio Público, a través de cuatro fiscalías supraprovinciales, con competencia a nivel nacional, para abocarse a las investigaciones contra las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión de empresas de transporte público.

“Esto es importante porque todos los actores de justicia estamos comprometidos en esta lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común”, aseguró Santiváñez, tras agradecer al entonces fiscal superior titular Jorge Chávez Cotrina que hayan acudido al llamado del sector Interior.

Sin embargo, tres meses después, en enero del 2025, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, nombró a Fany Quispe en reemplazo de Chávez Cotrina.

El Gorex – PNP fue integrado por agentes de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana (Grupo Terna), del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y por miembros de la Policía de Tránsito.

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Fue un grupo especial, pero sin recursos logísticos ni tecnológicos. Carecía de vehículos, armamento y chalecos antibalas, además de herramientas tecnológicas avanzadas para combatir el crimen, como software de extracción de datos de celulares y equipos de geolocalización, señala la fuente.

Esta situación, causada por la inoperancia gubernamental, limitó su capacidad para ejecutar sus funciones de manera efectiva.

Cifras de extorsión son alarmantes

La Policía ha elaborado un diagnóstico de la problemática en Lima Metropolitana así como de otras ciudades importantes del país y, según sus registros, muestran un incremento de las extorsiones y otros delitos.

En efecto, la extorsión ha experimentado un alarmante  incremento en los últimos ocho meses, y por ello un sector de transportistas realizó un paro para exigir al Gobierno acciones concretas contra la inseguridad.

Según el Sistema de Denuncias Policiales y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, los casos de extorsión registraron un aumento del 29.3% entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cantidad de denuncias registradas por ese delito es de 18.385 frente a las 14.224 registradas el 2024 en el mismo periodo.

Es decir, hay un incremento de 4 mil casos. En Lima y el Callao, las denuncias registradas por extorsión se han incrementado en 56.6% y 48.1% con respecto al 2024 (de enero a agosto).