Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Otro grave retroceso. Debido a las presiones que promovió la legisladora conservadora Milagros Jáuregui de Aguayo, el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) tuvo que modificar su Guía de Aborto Terapéutico, reduciendo de 15 a 11 las causales por las que debe proceder dicha práctica médica. Entre los supuestos que han sido eliminados figura el daño a la salud mental por un embarazo producto de una violación sexual en niñas y adolescentes.

Además, fueron retiradas de la mencionada guía las causales por cuadro clínico de psicosis puerperal y por daño a la salud mental de la madre por un embarazo con feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

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Esa actualización se oficializó a través de la Resolución Directoral n° 200-2025-DG-INMP/MINSA, que aprobó la nueva Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal. Esto en concordancia con la Guía Técnica Nacional, la misma que establece que la interrupción se aplica antes de las 22 semanas de gestación.

Según fuentes del INMP, antes conocido como la Maternidad de Lima, estas causales del aborto terapéutico que han sido eliminadas contaban con el consenso de nueve sociedades médicas porque afectan a niñas y adolescentes que no solo son víctimas de abusos sexuales, sino que también son obligadas a seguir con embarazos complicados.

Pese a ello, este cambio fue celebrado por la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, quien es pastora evangélica y tiene vínculos con movimientos ultraconservadores, como el colectivo 'Con mis hijos no te metas'.

“En el Instituto Nacional Materno Perinatal se negaban a realizar estos cambios, pese a que algunos de los supuestos contemplados en su Guía de Aborto Terapéutico eran abiertamente inconstitucionales, ilegales y contrarios al protocolo nacional”, respondió la legisladora.

Jáuregui no solo contó con el apoyo de las organizaciones conservadoras 'Padres Peruanos' y 'Jóvenes Patriotas' sino también con el respaldo de la bancada de Renovación Popular. "El Perú reafirma que ninguna institución puede vulnerar el principio constitucional de la defensa de la vida desde la concepción", precisó.

Lamentan retroceso

La exdirectora de Promsex, Susana Chávez, señaló que “negociar con la salud y los derechos de las niñas obligadas a ser madres no es un logro sino una vergüenza que debería ser penada”. “Lo que se ha negociado aquí es la dignidad y la vida de las niñas más vulnerables”, afirmó.

Recordó también que, en el 2023, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas condenó al Perú por haber violado los derechos de ‘Camila’, una niña indígena de 13 años, quien fue víctima de abuso, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.

El dictamen de dicho comité determinó además que el Estado peruano debía despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil; así como asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para las niñas gestantes, en particular en los casos de riesgo a la vida y la salud de la madre, violación o incesto. Esto aún no sucede.

Chávez también lamentó que el Ministerio de Salud (Minsa) no defienda sus propias políticas públicas y obligaciones constitucionales sino que, al contrario, acepte las presiones de grupos ultraconservadores.

Este retroceso sucede en un contexto en el que en el Perú, entre el 2020 y 2023, se han reportado más de 167.000 embarazos infantiles y adolescentes. De todos estos, menos de 500 pudieron acceder al aborto terapéutico.

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Por su parte, Promsex manifestó que, cada día, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reciben más de 80 casos de sobrevivientes de violencia sexual. "No podemos permitir que el Estado retroceda ante la presión de grupos antiderechos, afectando su salud, su vida y su futuro", precisó tras señalar que más de 500 personas e instituciones se habían sumado al 'Pacto por las niñas' para exigir que no se apliquen esos cambios que, finalmente, ocurrieron.

Debate por lo legal

La congresista Milagros Jáuregui señaló que en el INMP se estaba "abriendo la puerta a abortos que no necesariamente pueden ser catalogados como terapéuticos según el artículo 110 del Código Penal". Esto en referencia a la causal de daño a la salud mental por un embarazo producto de una violación sexual en niñas y adolescentes.

Sobre el tema, la exadjunta en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Elízabeth Zea, explicó que el Código Penal habla de daño grave a la salud, lo cual incluye la salud física y mental.

"Conforme a lo ya dispuesto por la Constitución, el aborto terapéutico debe aplicarse en la línea de los estándares en materia de derechos humanos ya establecidos en casos como 'Camila', donde ya está fijado el criterio jurisprudencial a la luz de cómo se debe interpretar el derecho a la vida, la salud y el desarrollo integral de nuestras niñas bajo el marco de la Convención de los Derechos del Niño", afirmó.

Sostuvo también que la interpretación del derecho a la vida dejó de ser hace mucho tiempo solo el mero hecho de existir, siendo la palabra dignidad la que guía la interpretación de los derechos fundamentales, como a la vida. "Este derecho no debe ser defendido desde una óptica ni legalista ni moralista ni religiosa sino desde la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos", concluyó la abogada.