Rutas de Lima deja de cobrar peaje en Conchán: ahora piden suspender garitas de playa Arica y San Pedro

Tal como lo hizo, en enero del 2024, con el peaje de Chillón, en Puente Piedra, desde la madrugada de este miércoles, la empresa Rutas de Lima dejó de cobrar la tarifa de peaje en las garitas de Conchán, en cumplimiento del fallo judicial que emitió, en primera instancia, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín.

A través de un comunicado, la empresa informó que fueron notificados la noche del martes, por lo que decidieron acatar la mencionada sentencia pese a que la consideran "arbitraria porque vulnera el marco normativo peruano". Y en efecto, La República pudo comprobar que las tranqueras de sus garitas de Conchán se encuentran levantadas, por lo que los vehículos transitan libremente sin pagar el peaje de S/7.50.

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De esta manera, Rutas de Lima viene cumpliendo el fallo que declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus que interpuso la Municipalidad de Lurín, en marzo del 2024, debido a que no existen vías alternas eficientes al peaje de Conchán, lo que perjudica el libre tránsito de los cientos de vecinos.

La jueza Vilma Vidales Ramírez ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peaje en Conchán hasta que se adopten las medidas necesarias para que cese el acto lesivo que vulnera el libre tránsito de los vecinos o hasta que el Poder Judicial emita una sentencia firme en el proceso que se le sigue a la exalcaldesa Susana Villarán, quien confesó haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht (Rutas de Lima) y OAS (Línea Amarilla).

La magistrada también exhortó a la empresa a que realice la mejora del puente Conchán, ubicado en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur, a la brevedad posible, teniendo en cuenta que se dañó antes de emitirse la sentencia en primera instancia y que Rutas de Lima sigue beneficiándose del cobro del peaje de San Pedro.

“Hay una sensación de justicia porque hemos vivido encerrados. Por ejemplo, un vecino del cercado de Lurín para llegar a la playa San Antonio, que es un pueblo, se ha demorado -vía constatación de una inspección policial- una hora con 45 minutos. Es decir, transitar por la antigua Panamericana Sur, evitando el peaje, te toma todo ese tiempo. Era un abuso porque solo nos quedaba pagar el peaje de S/7.50 para salir o cruzar la nueva Panamericana”, afirmó el alcalde de Lurín, Juan Marticorena.

El burgomaestre señaló que ahora buscarán que se suspenda el cobro de peaje en las garitas de la playa Arica y San Pedro. Estas pretensiones se encontraban en el hábeas corpus, pero fueron desestimadas por la jueza Vilma Vidales.

Marticorena recordó que, antes del 2024, la Municipalidad de Lurín había presentado 39 hábeas corpus, pero todas fueron declaradas infundadas. “Se ha hecho justicia esta vez, es un día histórico”, señaló.

Rutas de Lima se pronuncia

Por su parte, Rutas de Lima precisó que este fallo forma parte de una campaña sistemática de hostigamiento judicial, mediático y político impulsada por el Estado peruano, incluyendo principalmente a la Municipalidad de Lima y su alcalde Rafael López Aliaga, a la que se ha sumado la Defensoría del Pueblo.

La empresa también respondió que el peaje de Conchán tiene una antigüedad superior a 20 años y que se instaló antes de que se le entregara en concesión. Agregó que, pese a que Ositrán determinó que no es necesario que hayan vías alternas, en este caso sí existen y su construcción y mejoramiento es responsabilidad de la comuna de Lima.

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"Reiteramos que la recuperación estructural del puente Conchán es una obligación de la Municipalidad de Lima, incumplida por más de una década pese a los continuos reclamos de Rutas de Lima", respondió.

Lo cierto es que la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio, mediante un acta de acuerdo del 2015, decidió pagar a Rutas de Lima 25 millones de dólares (con el incremento del peaje), “teniendo este último tan solo como obligación el resane y pintado de dichos puentes, liberando a la empresa de la responsabilidad de la reparación estructural de los mismos”. Esta información fue ratificada por la actual gestión de López Aliaga.