Gobierno anuncia medidas fracasadas contra la extorsión que paralizó a Lima

Más de 14 atentados, cerca de 20 empresas de transporte público extorsionadas, cuatro choferes asesinados y decenas de heridos. Esa horrenda lista, que se formó desde el 20 de agosto, llegó a cansarlos. “No queremos un muerto más”, gritaban, por eso, miles de transportistas de Lima y Callao que acataron una contundente paralización de sus labores para exigirle al Gobierno y al Congreso que dejen sus intereses y piensen en los peruanos que menos tienen. “Basta de extorsión y sicariato”, decía un grupo que cargaba la gigantografía de uno de los suyos hoy muerto.

Ayer jueves fue la primera vez que la extorsión paralizó la capital. Desde temprano, los limeños y chalacos formaron largas colas en los paraderos de la Panamericana Norte, Gambetta, Evitamiento, Túpac Amaru, Abancay y la Carretera Central. Trabajadores y estudiantes, a pesar de que resultaron afectados, comprendieron la decisión de los transportistas, a quienes veían marchando con dirección al Parlamento con banderolas, carteles y hasta ataúdes de cartón.

Desde el Congreso

“Siento indignación por este Gobierno que no se preocupa por atender al pueblo que se desangra. Esto parece tierra de nadie. Los extorsionadores se llevan el 30% de las ganancias. Pero la protesta no es reivindicativa, es en defensa de nuestras vidas”, afirmó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, tras ser recibido con sus colegas por los legisladores Roberto Sánchez y Patricia Juárez.

“Somos golpeados no solo por los extorsionadores sino también por el mismo Congreso que da leyes según sus conveniencias, da leyes para los delincuentes”, agregó Edgar Vitor, vocero de Transportes Unidos.

Ellos pidieron la salida de las Fuerzas Armadas, la aprobación de la ley de terrorismo urbano y la ampliación del penal de Challapalca (Puno) para los extorsionadores y sicarios. También exigieron, como la Defensoría del Pueblo y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la instalación del consejo de Estado para que el Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial y Fiscalía se pongan de acuerdo.

Luego de escucharlos, la parlamentaria fujimorista Patricia Juárez instó a la presidenta Dina Boluarte a implementar una serie de medidas cuando su bancada continúa blindando al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, les prometió, vía Zoom, que el próximo jueves debatirán el dictamen de la ley de terrorismo urbano y que recién el 31 de octubre tendrán un pleno temático sobre seguridad ciudadana para aprobar un paquete de medidas. No obstante, no dijo nada sobre la derogatoria de la Ley 32108 que favorece a las organizaciones criminales.

Recién a las 2 de la tarde, el premier Gustavo Adrianzén y algunos de sus ministros salieron a dar la cara y anunciaron una serie de acciones.

Declaratoria de emergencia

La más criticada fue la declaratoria de estado de emergencia, por 60 días, en 12 distritos de Lima y Callao, tales como Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Independencia, San Martín de Porres (SMP), Los Olivos, San Juan de Lurigancho (SJL), Chosica; así como Ventanilla. Los detalles se conocerán tras la publicación del decreto respectivo, dijo Adrianzén. En tanto, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, explicó que en ese plazo la Policía tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Cuando se le preguntó a él y a su colega del Interior sobre qué asegura que esta vez sí funcionará la declaratoria de emergencia cuando las anteriores fracasaron, ambos no supieron qué decir. Sin embargo, quienes sí respondieron fueron los alcaldes de SJL y SMP. “Hace un año, se implementó este plan en mi distrito. Pero los militares estuvieron una semana y de ahí desaparecieron, por eso no funcionó la estrategia disuasiva y siguieron los crímenes”, señaló Jesús Maldonado. La medida es demagógica y tardía.

Piden derogar ley de crimen organizado

Según el exministro del Interior, Rubén Vargas, esta medida del Ejecutivo es “la confirmación de que continuamos con un Gobierno a la deriva, que no ha comprendido el desborde de la criminalidad, y con un Congreso que pretende lavarse las manos cuando aprobó una ley que favorece a las organizaciones criminales”.

Consideró también que en vez de los estados de emergencia que no funcionan, se debería apostar por la inteligencia policial y el trabajo en equipo con las fiscalías. “Pero para eso hay que dotar a la PNP de recursos y logística, pedirle al ministro del Interior que no se pelee con la Fiscalía y derogar esas leyes pro crimen organizado”.

Eso último también lo pidieron las legisladoras Ruth Luque y Flor Pablo. “No hay que darle ni una ventaja a la criminalidad”, dijo la primera.

Más anuncios populistas

Otra de las medidas que anunció el primer ministro fue la presentación de un proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano al sicariato, el secuestro y la extorsión. También se ordenó que se instalen cámaras dentro y fuera de 24.000 vehículos de transporte público para hallar a los extorsionadores y se dispuso la ampliación del penal de Challapalca para los sentenciados y procesados por esos delitos.

“Todos los presos vinculados a estos serán llevados allá. Las requisas seguirán en las cárceles”, dijo el ministro del Interior, quien anoche presentó al nuevo Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex).

Al respecto, el vocero de los transportistas, Martín Valeriano, respondió que aún no se sienten seguros, por lo que les darán un plazo de 30 días para que el Gobierno y el Congreso concreten los anuncios. “Es un pequeño avance, pero aún no estamos satisfechos. Queremos acciones. De no hacerlo, volveremos a las calles”, advirtió tras señalar que el paro fue suspendido.❖

Medida tardía del Minedu

Desde las 6 de la mañana del jueves, se observó a profesores y escolares en los paraderos aglomerados. Muchos se encontraban preocupados porque temían llegar tarde a sus colegios. No comprendían por qué el Ministerio de Educación (Minedu) no había previsto esto.

“No pasa el carro y tengo temor que mi directora me descuente”, contaba un docente a la altura del peaje de Chillón, en Puente Piedra.

Pues bien, recién a las 6:50 de la mañana, el Minedu dispuso que las clases sean virtuales por el paro de transportistas. Eso generó problemas, por ejemplo, en el colegio nº 7094 Sasakawa, de Villa El Salvador, donde los padres no sabían si dejar o recoger a sus hijos. Lo mismo se vivió en el Elvira García García, de Pueblo Libre.

El Sutep cuestionó la inacción y la reacción tardía del Minedu porque puso en riesgo a los docentes y escolares.

Pese a ello, el ministro de Educación, Morgan Quero, se lavó las manos y no asumió ningún tipo de mea culpa. Es más, dijo esta frase sin importarle las muertes de transportistas: “No le vamos a hacer el juego a ningún paro. Que eso quede claro”.

Claves

La Asociación Empresarial Gamarra Perú y la Asociación de Bodegueros del Perú se solidarizaron con los gremios de transportistas porque sus afiliados también denuncian extorsiones. Esperan acciones del Gobierno y el Congreso.

El gobernador del Callao, Ciro Castillo, también solicitó declarar todo el Callao en estado de emergencia.

Ayer, la Coordinación Nacional de Fiscalías Contra la Criminalidad Organizada dispuso que personal fiscal y administrativo de cuatro fiscalías especializadas supraprovinciales trabajen conjuntamente con el nuevo equipo Gorex de la PNP.

Por la noche, diversas universidades comunicaron que hoy sus clases seguirán siendo virtuales. Estas son la San Marcos, la PUCP, la UNI, la USMP, la Villarreal, entre otras.

Anoche, el Minedu precisó que hoy las clases escolares volverán a ser presenciales.