Dos militares le robaron 786 granadas al Ejército

Dos militares fueron sentenciados a nueve años de prisión por el robo y el tráfico de armas de guerra del Ejército peruano.

Lo más condenable es que lo sustraído fue comercializado a bandas criminales dedicadas a la extorsión y a las mafias del narcotráfico que operan en el Vraem. Una de las granadas, por ejemplo, provocó la muerte de un suboficial de la Policía cuando trataba de desactivarla frente a un colegio de Villa El Salvador.

Los sentenciados son el mayor del Ejército Luis Teobaldo Soldevilla Espinal y el técnico de tercera del Ejército Paddy Nolan Llimpe Correa.

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El colegiado anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, conformado por los jueces Nidia Sierra Jerónimo, Cristhian Salazar Costa y Miriam Leguía Soto, los halló culpables del robo de 786 granadas de guerra de tipo defensivas, modelo BR-M75 de fabricación soviética; y de 104.750 cartuchos calibre 9 x 19 milímetros.

Ambos fueron condenados por el delito de peculado doloso agravado en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Coede) de Chorrillos.

De acuerdo con la acusación fiscal, los días 7, 20 y 21 de marzo del 2015, el oficial Luis Soldevilla, entonces jefe de la Compañía de Mantenimiento y Transporte n° 503, se apropió de dicho material.

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Pare ello, contó con la complicidad el técnico EP Paddy Llimpe, quien se desempeñaba como jefe del almacén n° 1 transitorio de la Compañía n° 503.

Fue un robo sistemático

Los investigadores establecieron que “esta sistemática práctica delictiva se repitió hasta en tres oportunidades, en donde se apreció la participación de cada uno de los acusados, así como la conducta neutral de los técnicos del Ejército peruano”.

Así lograron, a través de actas falsificadas y entregas simuladas, apropiarse sistemáticamente del material bélico, tipo BR-M75, almacenado en el polvorín Cruz de Hueso, en el distrito de San Bartolo.

El caso involucró además a otros siete militares como presuntos cómplices primarios del delito de peculado doloso, debido a que habrían facilitado la entrega, recojo y desvío de las granadas con fines ilícitos.

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A ellos se les acusó de haber vendido por internet el mencionado material de guerra.

Una de estas granadas causó la muerte del suboficial superior Adolfo Leonidas Castellano Carrillo, cuando trataba de desactivarla en los exteriores del colegio Cristo Salvador, en VES.

Tráfico hacia Ecuador

El tráfico de armas y explosivos no es nuevo. En marzo último, la Policía detuvo a 18 personas vinculadas a una organización criminal que abastecía de armas de fuego y municiones a grupos delictivos en Ecuador y Perú. Esta red traficó más de 500 carabinas R-15, escopetas y pistolas calibre 9 milímetros a narcotraficantes, extorsionadores, sicarios y mineros ilegales que operan en ambos países.

Una de estas armas habría sido usada en el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

A comienzos de este año, el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces, aseguró que la zona de frontera con Ecuador es el principal punto usado por las mafias para el contrabando de armas y material de guerra entre ambos países.

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Piden inventario en almacén de FFAA y PNP

En enero pasado, tras la crisis en Ecuador, la congresista María Acuña presentó una moción para que se investigue el inventario físico del almacén de las Fuerzas Armadas y de la Policía. El entonces ministro de Defensa, Jorge Chávez, fue citado al Parlamento también para ver el tema.

Ese mes, el teniente general de la PNP, Víctor Zanabria, dijo que las armas de origen peruano que usarían los delincuentes en Ecuador habrían sido robadas durante la época del terrorismo. “Con respecto a que tendrían sello de las FFAA y la PNP, hay que recordar que en los 80 y 90 hemos tenido una gran pérdida de armamento por las acciones subversivas. Estas están en manos de traficantes”, explicó.