Condenan a acusados de crímenes contra líderes de Saweto

Luego de casi una década del asesinato de los cuatro líderes nativos de la comunidad ashéninka Alto Tamaya–Saweto, en la provincia ucayalina de Coronel Portillo, se hizo justicia. El Juzgado Penal Colegiado Conformado de la Corte Superior de Ucayali condenó a 28 años y 3 meses a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, y a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, taladores que ejecutaron los crímenes en setiembre del 2014.

Por unanimidad, los hallaron culpables del homicidio calificado de los defensores ambientales ashéninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez, líderes de la lejana comunidad.

Los magistrados Ana Bedoya Maque, Dilmer Meza Conislla y Celinda Pizan Ugarte señalaron a los dos empresarios como autores mediatos del homicidio calificado, y a los taladores como coautores del asesinato. En consecuencia, les impusieron la pena de 28 años y 3 meses de prisión, y el pago de 200.000 soles como reparación civil para los deudos. El Ministerio Público había solicitado la máxima pena privativa de libertad, de 35 años de pena privativa de la libertad.

Sin embargo, los jueces precisaron que, conforme a un fallo del Tribunal Constitucional, como los acusados siguieron el juicio en libertad, corresponde suspender la ejecución de la pena hasta que esta sea confirmada. Mientras tanto, les impusieron una seria de reglas de conducta, como registrar su firma en la corte cada mes, no variar su domicilio sin informar al juzgado, entre otras.

El Juzgado Penal Colegiado Conformado dejó en suspenso la pena contra el talador Eurico Mapes Gómez, quien está en calidad de prófugo.

La lectura de sentencia se dio en una pequeña sala colmada de dirigentes indígenas, medios de prensa locales y de Lima, así como de diferentes autoridades, entre ellos el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y representantes de varias embajadas.

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En primera fila estaban Julia Pérez Gonzáles, Hergilia Rengifo López, Lita Rojas Pinedo y Lina Ruiz Santillán, deudos de los líderes asesinados. Ellas esperaron este momento durante casi 10 años. Saben que se trata de un fallo en primera instancia y que los sentenciados pueden apelar, pero sienten que han tocado la justicia con las manos.

“No sé qué decir, no son meses, son años, ya no quiero que avancen más años”, dice Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, con la esperanza de que las siguientes instancias confirmen la sentencia lo más pronto posible.

Mientras tanto, afuera, cientos de personas que se solidarizaron con esta causa seguían la audiencia en una pantalla colocada frente a la sede de la Corte Superior de Justicia.

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Asesinados con alevosía y crueldad

El crimen ocurrió  el 1 de setiembre de 2014, cuando las víctimas se dirigían a la comunidad nativa de Apiutxa, en Brasil, para reunirse con sus hermanos ashéninkas de ese país a fin de lograr su apoyo para denunciar la tala ilegal ante las autoridades brasileñas, ya que en Perú no tenían los efectos que esperaban.

En el camino, descansaron en una casita denominada El Tambo. Allí fueron emboscados y asesinados con alevosía y gran crueldad. Seis días después se hallaron sus cuerpos mutilados. En la pericia antropológica, odontológica y muestras de ADN, se identificaron los restos de Edwin Chota, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo. No se encontró a Jorge Ríos.

En el proceso judicial, la fiscal Vannie Robles Sajamí señaló que el crimen se cometió en venganza por los daños económicos que los líderes de Saweto habían ocasionado a los empresarios madereros Huayta con sus constantes denuncias de tala ilegal ante Osinfor y la Fiscalía en materia ambiental. Una de ellas generó el decomiso de gran cantidad de madera que no pertenecía a la concesión de estas personas, sino al territorio de la comunidad de Saweto.

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La tesis fiscal señaló que Soria y Estrada ordenaron a Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix que asesinen a los cuatro líderes ambientales como una forma de detener sus denuncias.

Se presentaron importantes testimonios

El abogado Alberto Caraza, quien representa a los deudos, refirió que los jueces han sabido valorar los testimonios de los pobladores de Saweto de todo lo que ocurrió antes y después del crimen; así como la declaración del testigo protegido, que escuchó a los condenados hablar sobre los crímenes, lo que significó nuevos medios de prueba.

Señaló que seguramente los sentenciados apelarán, pero la familia continuará buscando justicia también en la segunda instancia, que sería la Sala Superior de Ucayali; y, de ser el caso, llegar al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema. “Nosotros confiamos en la justicia, hemos trabajado para ello”, manifestó.