Alcaldes de SJL y SMP: “Faltó decisión política para combatir el crimen”

“La seguridad se resuelve con decisión política”, coincidieron en afirmar los alcaldes de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, Jesús Maldonado y Hernán Sifuentes, tras el anuncio del fin del estado de emergencia que fue decretado para combatir la delincuencia en estos distritos limeños.

La delincuencia es un flagelo de nuestra sociedad, asegura Maldonado a La República, en un diálogo en el que resaltó el avance positivo que significó esta medida iniciada en 2023, aunque no se ahorró críticas a los poderes del Estado.

El sicariato, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el narcotráfico se ha vuelto un tema urgente y la situación generó tal alarma dentro del Gobierno que el 20 de setiembre del 2023 declaró en estado de excepción a SJL, SMP, así como la provincia de Sullana, en Piura. Luego fue extendida a Lince y al Cercado de Lima.

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Esta medida del Gobierno llegó ayer a su fin, pero San Juan de Lurigancho sigue conviviendo con la violencia que todos los días enluta hogares, saquea negocios, extorsiona empresarios, explota mujeres y amenaza el futuro de los niños.

Justicia es una ‘coladera’

¿Podemos salir de esta crítica situación?

Jesús Maldonado dice que en el 2023 hubo resultados positivos gracias al esfuerzo de la Policía durante la emergencia.

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Sin embargo, afirma que la medida no fue más significativa “por falta de decisión política para dotar a la Policía y a las FFAA de un marco constitucional que respalde su labor contra el crimen”. Recordó que al comienzo hubo 1.500 soldados, “pero se fueron diluyendo”.

“Es un avance que no debemos depreciar. Miramos con buenos ojos el esfuerzo que hace la PNP, pero el sistema de justicia a veces es una ‘coladera’ y muchas veces hemos visto como personas que han sido detenidas con armas y drogas son liberadas y regresan al distrito para seguir haciendo daño a la población”, indica.

Y agrega: “La Policía hace una intervención perfecta, pero nuevamente son liberados por jueces corruptos, debería haber un castigo”. En tal sentido, pidió al Ejecutivo una nueva prórroga de esta medida para frenar la inseguridad ciudadana.

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“No soy el sheriff”

“Este es un problema integral que tiene que ver con más actores y con la decisión política del Gobierno”, indica, por su parte, Hernán Sifuentes, burgomaestre de San Martín de Porres, uno de los distritos más golpeados por la delincuencia.

“En SMP se ha reducido un 15% la inseguridad, pero así es como nos lo han dejado. Yo hago lo que puedo, no soy el sheriff de la ciudad”, indica.

Sifuentes señala que espera que el Poder Ejecutivo extienda dicha iniciativa y que aplique otras estrategias de lucha contra el crimen. Además, recuerda que los ministros de Estado se comprometieron a asignar más efectivos para el reforzamiento del trabajo policial.

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“Nosotros, dentro de una situación crítica, solicitamos una medida urgente que está amparada en un informe de inteligencia, ahí se identifica que SMP es uno de los distritos con más bandas criminales”, dice.

El Ejecutivo se ha comprometido a enviar 50 agentes Dinoes, 50 efectivos a pie y 50 agentes para hacer patrullaje integrado con el serenazgo.

Preocupación en Piura por la inseguridad

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, solicitó al Ministerio del Interior la declaratoria del estado de emergencia ante la situación de inseguridad que afronta el departamento.

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Expresó su preocupación por la seguridad en el puerto de Paita y advirtió sobre la posibilidad de un efecto globo si se ejerce presión sobre los puertos de Ecuador.