Gobierno penará con 8 años de cárcel por generar disturbios y atentar contra la integridad física
Esta nueva medida fue anunciada días antes que se de inicio a las nuevas marchas de este 7 de diciembre.
El Gobierno informó, a través de la modificación al Decreto Legislativo N° 635, las nuevas sanciones de cara a las protestas convocadas para el próximo fin de semana contra los tres poderes del Estado. La norma precisa que los ciudadanos que generen disturbios o atenten contra la integridad física de otros, serán castigados con cárcel por hasta ocho años. Asimismo, quienes dañen la propiedad pública o privada serán privados de su libertad por un periodo no menor de seis años.
En tanto, de acuerdo al artículo 315 del DL, si el daño contra la integridad física de una persona deriva en muerte, corresponderá una pena no menor de 15 años. Es preciso mencionar que todas las sanciones descritas en la presente disposición aplicarán cuando se trate de eventos deportivos también.
En el documento se lee: "En una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa". Además, "será sancionado con la misma pena cuando los actos descritos en el primer párrafo se produzcan con ocasión de un espectáculo deportivo, o en el área de influencia deportiva".
Anuncian marchas contra el Gobierno de Boluarte
Una nueva jornada de protestas se llevará a cabo los próximos días. Diversos gremios y asociaciones anunciaron una marcha nacional los días jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de diciembre. Los ciudadanos exigen la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el cierre del Congreso de la República, con la premisa "Que se vayan todos".
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¿Por qué habrá protestas contra la presidenta?
Los ciudadanos exigen que la presidenta renuncie al cargo, puesto que se le acusa de la muerte de más 60 compatriotas durante las protestas en contra de su gestión, entre fines del 2022 e inicios del 2023. Actualmente, no se ha castigado a algún responsable por los peruanos fallecidos, a pesar de que existe un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que se determina que se habría incurrido en violaciones a los derechos humanos tras el uso excesivo de las fuerzas del orden, como la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.