La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima inició las diligencias contra el presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Henry Luna Córdova, por el presunto delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. Córdova había entregado una presunta licencia ilegal de minería a la empresa Raíces Gaddaffy, como consta en una resolución de presidencia.
La denuncia fue presentada por el exfiscal ambiental, Alberto Yusen Caraza Atoche, con el respaldo del Comité de Defensa del Agua de Loreto. La concesión minera, ubicada sobre la cuenca alta del río Nanay atentaría contra la vida y la salud de los ciudadanos. Ello, debido a que este afluente del río Amazonas es considerado la principal fuente de agua potable para la población de Iquitos.
En mayo del 2022, el gerente general de Raíces Gaddaffy, Ricardo Moreno Valderrama, había sido sancionado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) por "comercializar y poseer productos forestales extraídos sin autorización". En la resolución administrativa N.° D000100-2022 se dispone la imposición de una multa por 0.7371 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
El abogado y denunciante Caraza sostuvo que la concesión fue otorgada sin haber considerado los reglamentos que prohíben la actividad minera en ríos. "Se están vulnerando derechos constitucionales de gozar de un buen ambiente equilibrado, adecuado, así como el derecho a la salud, al agua, los cuales están establecidos en la Constitución", se lee en un comunicado de la iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCDS).
En tanto, el vocero del Comité de Defensa del Agua, José Manuyama, aseguró que cuentan con el respaldo de alrededor de 20 organizaciones sociales e instituciones de Loreto. "Si se entrega esta concesión, si se continúa con este proceso de legalizar a la minería ilegal, lo que se generaría es un gran golpe al ecosistema hídrico de este río afectando gravemente nuestra alimentación, bosques y el agua potable que consumimos en la ciudad", aseveró.
La denuncia ambiental se hizo pública debido a un reportaje publicado por el medio de comunicación Ojo Público: "Minería ilegal en Perú: la maldición del oro en la cuenca amazónica del río Nanay", según se indica en la notificación conjunta del Ministerio Público, al que tuvo acceso La República. En dicho documento se dispone el inicio de diligencias, como parte de una investigación preliminar contra la autoridad del Ingemmet.
Asimismo, se señala que la indagación por el presunto delito cometido en agravio del Estado peruano durará un periodo de ocho meses y constará del recojo de declaraciones de los denunciantes y el acusado Luna Córdova, así como la remisión de oficios al Ingemmet para la documentación correspondiente y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa).