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Sociedad

Arequipa: familia denuncia que sujeto falsificó firma de mujer de 80 años para desalojarlos

Llegaron a Lima para exigir justicia y pedir ayuda porque los amenazaron con ser retirados de su hogar este fin de semana por la madrugada.

larepublica.pe
Eulalia Fernández, hija de María, teme por su vida y la de su familia y animales tras recibir amenazas. Foto: captura de Prensa Reporte Sur

La señora María Fernández Lupuche es una recicladora que llegó a Arequipa, desde Piura, hace más de 48 años. Tras volverse posesionaria del terreno en donde crecieron sus hijos y nietos, amenazan con desalojarla, a su familia y a los 15 animalitos que recogió de la calle. Su hija Eulalia denuncia que los documentos usados para retirarlos de su vivienda son falsificados y el proceso legal tiene muchas inconsistencias.

María Pascuala Fernández Lupuche tiene 80 años y vive en la av. Manco Cápac, mz. C, lt. 11, del grupo zonal 12 del distrito de Cerro Colorado. Ella, junto con su hija y a su nieta, llegaron a Lima este sábado 3 de junio para denunciar que el supuesto dueño del terreno, Roy Andrés Marroquín Mogrovejo, amenaza con desalojarlas. Uno de los documentos usados por el también abogado para dicho fin presenta una firma que ella nunca registró, pues no sabe escribir.

El abogado de la señora María menciona que, cuando asumió el caso, encontró una serie de anomalías durante el proceso. Una de ellas corresponde a un contrato de compraventa en el que la señora vendió su terreno, de más de 1.000 metros cuadrados, al señor Roy Marroquín por el monto de 30.000 dólares. Sin embargo, ella desconoce la firma registrada en el documento.

El contrato muestra el nombre de la señora Lupuche como firma, pero ella apenas sabe leer, y mucho menos, escribir, por lo que afirma que es imposible que la signatura le corresponda. Además, cuenta con el recurso de auxilio judicial, principalmente destinado a personas en situación de pobreza; por ello, señala que es mentira que haya recibido exorbitante suma en dólares.

El primer desalojo contra la familia Fernández fue el 15 de julio de 2014. La hija de María, Eulalia, relata que Marroquín le quiso pagar a su vecino para que le permitiera entrar por la parte trasera de su vivienda, hecha de material prefabricado y calaminas. Sostiene: "¿Qué quiere hacernos? Yo temo por mi vida y por los 15 animalitos rescatados que tengo. Vivo allí desde niña y mis vecinos lo pueden acreditar".

Pese a haberse declarado nulo el contrato de compraventa, el caso se archivó bajo la acción del fiscal superior penal Santiago Irigoyen. Además, la denuncia que ella interpuso contra Marroquín Mogrovejo por falsificación de documentos fue fundada, pero no pudo continuar porque le informaron que no se podía realizar un peritaje grafotécnico, indispensable para este tipo de delitos, que determina la falsedad de la firma.

La señora María Lupuche niega que haya concertado una compraventa con el abogado Roy Marroquín. El documento fue elaborado y redactado en Juliaca, Puno; sin embargo, ella afirma nunca haber visitado la mencionada región y que, incluso, el predio pertenece a Arequipa. Además, detalló que posee todos los papeles de posesión del terreno.

Según Eulalia Fernández, el terreno, donde están ubicadas no tiene dueño legítimo, pero su madre es posesionaria. Ellos temen por su vida, pues han sido víctimas de amenazas, e indica respecto al próximo intento de desalojo anunciado: "Nos ha dicho que va a ser inopinado, que pueden venir en la noche o de madrugada a sacarnos con todas nuestras cosas".

Eulalia pide ayuda para que el proceso judicial no se corrompa. Ella manifiesta: "Mis hijas se han ido por temor a que les pase algo. Esa vez vino con dos camiones de la Policía de la USE (Unidad de Servicios Especiales) y matones. Aparte, a mis animalitos no los voy a desamparar". Afirmó que muchos abogados no quisieron tomar su caso: "Tienen miedo porque dicen que es una mafia de terrenos. Incluso ha amenazado a mi abogado", puntualizó.

Pronunciamiento del abogado Roy Marroquín

La República se contactó con el señor Roy Marroquín Mogrovejo, quien emitió el siguiente comunicado:

"Niego las acusaciones en mi contra, pues el terreno en cuestión fue propiedad de los dueños primigenios, los ciudadanos Emilio Huizacayna y su esposa Ignacia Santos. El primero había autorizado a su cuñado Alfredo Meneses Quispe para que viviera en el bien sublitis. Maria Fernández Lupuche llega al terreno y despoja a Meneses Quispe y su entonces pareja, Carlota Huizacayna, tras el nacimiento de su hija Eulalia Meneses Fernández.  

Yo he comprado la propiedad y posesión del bien a los herederos del Huizacayna. Paralelamente aparece registrada la propiedad a nombre de los Cordero Goyzueta; a quien los herederos demandan nulidad de escritura, pues Ruben Huizacayna nunca les vendió. Los Cordero-Goyzueta; venden la propiedad a terceros “de buena fe” su yerno e hija Galdos-Cordero. Para evitar continuar los procesos celebré una transacción extrajudicial mediante escritura pública, la que aparece del certificado literal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en el que figuro como titular luego de haber pagado 40.000 dólares por el bien. Tras el primer desalojo dictado por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el 25-07-2014, la señora María y su familia invaden el inmueble en marzo del 2015, del cual no son propietarios.

Mediante proceso regular de desalojo por ocupación precaria Exp. 4570-2016, confirmada por Casación Suprema, después de 6 años y 7 meses, se ha señalado fecha para lanzamiento; donde Fernández Lupuche e hijos, reventando bombardas, con balones de gas y bloqueando la vía quemando llantas han impedido la entrega del bien por parte del Juez ejecutor a su favor. Asimismo, niego rotundamente que mi hermano haya participado o intervenido a favor del proceso judicial en curso. La señora María falsificó documentos para usurpar un bien del que no es titular ni posesionaria. Los recibos de agua y luz en donde figura el nombre de María Fernández Lupuche, Eulalia Meneses, Tirza Timana Fernández y sus otros hijos son alterados. Por ello, me consta que Sedapar, ha abierto una investigación en contra de María y yo poseo documentos de mencionado proceso judicial".