Puno: silencio de Policía y cambio de Fiscalías dilatan investigación por muertes en Juliaca
El peloteo. Casos recorrieron tres despachos fiscales. Anuncio de traslado de carpetas a Lima generó rechazo de los deudos. Por otro lado, la Policía tampoco quiere colaborar con esclarecimiento.
Foto: Zenaida Zea/ LR
Han transcurrido cuatro meses de las muertes ocurridas en Juliaca durante las protestas del 9 de enero contra el gobierno de Dina Boluarte. Sobre las investigaciones estas continúan en el limbo.
Al día siguiente de los luctuosos hechos, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Puno realizó las diligencias iniciales por la muerte a 17 personas por inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, cerca del bypass de la salida al Cusco.
Posteriormente, el caso fue derivado a la Segunda Fiscalía provincial Penal Corporativa de San Román, a cargo del fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, y se abrió investigación por la presunta comisión de homicidio calificado y lesiones graves contra quienes resulten responsables, y bajo ese tenor, se mantiene ante la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad.
A mediados de febrero, el equipo legal de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, había identificado presunta responsabilidad en tres mandos policiales, a quienes de les atribuía la muerte de las 17 personas el 9 de enero, y la de un quinceañero que murió luego de tres días de agonía en el hospital.
Según el abogado, Wilmer Quiroz Calli, habría responsabilidad en el coronel PNP Julio Santos Mauricio Contreras, exjefe de la Macrorregión Policial de Puno; coronel PNP Alberto Miguel Rojas Méndez, jefe de la División Policial de Juliaca; y, en especial, al jefe de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), coronel Juan Manuel Herrera Ruiz.
Proceso
Según el presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, Raúl Samillán Sanga, el cronograma de declaraciones ante la Fiscalía ha culminado, pero se han reprogramado varias de ellas, porque algunas personas no alcanzaron a rendir su manifestación debido a que no fueron debidamente notificadas.
En opinión del director de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (Dhuma), José Gallardo, el proceso no avanza y sigue en etapa de investigación preliminar. En la carpeta fiscal solo se hace mención a quienes resulten responsables, mas no se tiene una acusación detallada.
El abogado informó que la semana pasada dos miembros de la Policía Nacional acudieron a la citación fiscal, pero se mantuvieron en silencio. "Pareciera que la estrategia fuera que no se establezcan responsabilidades", dijo.
Se conoce que la Policía Nacional habría entregado el plan de operaciones a la Fiscalía sobre su intervención en el aeropuerto el día de los hechos, pero aún están pendientes algunas otras diligencias dentro del proceso de investigación.