Pese a la gravedad del delito, el Estado invierte solo S/0.12 por ciudadano en la prevención y persecución de la trata de personas, así como en la atención y reintegración de las víctimas. En el 2017, el presupuesto destinado para el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas era el doble, sostiene Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo. “Este es el menor monto que se ha registrado en los últimos ocho años de vigencia del plan”.
Y si bien no existe un comparativo con otros países sobre cuál debería ser el monto a invertir, sí existe una recomendación por parte de CHS Alternativo. Valdés indica que el plan nacional tiene 42 servicios y cada uno de ellos está orientado a prevenir o perseguir el delito, y atender o reintegrar a la víctima, por lo que el Estado debe cuantificar cuánto cuesta poner en práctica el servicio y mantenerlo hasta el 2030, además de generar indicadores de cumplimiento para monitorear los avances y saber si el gasto se efectúa con calidad o no.
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CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo presentaron ayer un balance sobre las acciones del Estado frente al delito de trata. En ese contexto, se presentó también la investigación ‘Las economías criminales y su impacto en el Perú’. De acuerdo con este estudio, la trata de personas mueve en nuestro país más de 1.300 millones de dólares cada año, de los cuales se estima que 700 millones son por actividades vinculadas a la explotación sexual y 600 millones por explotación laboral.
Esto, según el estudio, implica una ganancia de S/28.875 anuales por cada víctima de trata. El monto no incluye los gastos de captación, es decir, es la cantidad neta que ganan los explotadores. Valdés explica que la mayoría de víctimas de explotación sexual son mujeres, incluyendo menores de edad, mientras que en el caso de la explotación laboral depende del campo.
Por ejemplo, la tasa de mujeres explotadas en trabajos domésticos es alta, pero en labores asociadas a la minería ilegal la población afectada es, sobre todo, la de varones, entre ellos jóvenes y niños. La trata de personas, agrega, afecta también a recién nacidos y a adultos mayores.
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CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo (DP) renovaron el convenio de trabajo conjunto sobre la trata de personas. La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, sostuvo que “es necesario fortalecer mecanismos de articulación y actuación oportuna por parte de los operadores de justicia, para la prevención, persecución y sanción del delito en entornos digitales (...)”.
Por otro lado, Valdés refirió que la alianza que tienen con la DP cuenta con varios acuerdos. Una de las acciones consiste en identificar necesidades de atención de las víctimas de trata, trabajo infantil forzoso, entre otros.