Repsol presiona a víctimas para firmar acuerdo lesivo

A un año del derrame de petróleo en Ventanilla, la compañía Repsol informó que firmó acuerdos de compensación con más de 7.000 damnificados por el vertido del 15 de enero del 2022. Sin embargo, hasta la fecha, no se conocía la modalidad que aplicó la empresa para concretar las indemnizaciones.

Los pescadores Susana, Gregorio y Raúl; y Gregoriana, comerciante de Ventanilla; relataron a La República que a inicios de diciembre del 2022 Repsol anunció que entregaría el monto total de la compensación mediante la suscripción de un acuerdo extrajudicial.

“La empresa se ha aprovechado de nuestra necesidad. Nosotros necesitamos el dinero. Ahora ya no hay pescado. (De) toda esa situación (se han valido) para obligarnos (a firmar)”, dijo Raúl, quien, como los demás entrevistados, pidió no ser identificado para evitar represalias.

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Según el documento al que accedió este medio por las víctimas que no quisieron ser expuestas, se observa que una de las cláusulas indica que el afectado al rubricar el acuerdo renuncia a su derecho futuro de interponer una demanda contra Repsol.

“El afectado, de forma definitiva, irrevocable e incondicional, mediante el presente documento cede y concede a Relapasa (Repsol), por el monto del pago total, todos los derechos, reclamos, títulos, acciones o demandas que pueda tener o surjan en el futuro, como consecuencia directa o indirecta del evento”, señala el documento.

La transacción establece que el damnificado cede todos sus derechos ligados al desastre. Por ejemplo, si más adelante alguna autoridad concluye que la indemnización es mayor que la otorgada, el afectado no sería beneficiario.

“El afectado reconoce expresamente que ya no es titular de los derechos y/o acciones que le corresponden o en relación con el evento y/o sus consecuencias, y que Relapasa (Repsol) será el único habilitado para ejercer derechos y/o acciones que correspondan, incluyendo, pero sin limitarse, a aquellos que pudieran iniciarse contra las personas indemnes”, precisa el documento del acuerdo.

Las personas consultadas para este reportaje reconocen que firmaron dicho acuerdo, pero sin revisarlo con un abogado, debido a que la empresa las obligaba a acudir solas a estampar sus rúbricas en su sede.

“Nosotros no teníamos un abogado para que nos apoye. Si no quieres [firmar], la empresa te dice que la puedes enjuiciar. Eso hace que la gente decida. Qué va a hacer una persona sola contra una empresa grande”, explicó Susana.

“No querían que llevemos un abogado. Tampoco entregaron copia [del acuerdo extrajudicial]”, aseguró Gregorio.

El abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Percy Grandez, señaló que bajo las condiciones narradas por los damnificados, es una demostración de que los acuerdos no se firman en igualdad de condiciones: “Son cláusulas muy perjudiciales. A nadie se le puede pedir que renuncie a sus derechos”, dijo.

“El acuerdo extrajudicial es un acuerdo de voluntad de ambas partes. Si una parte se siente obligada y no se siente cómoda, eso no es un acuerdo como tal. Lo que están haciendo es imponer un acuerdo. Además, si es un acuerdo, debe ser firmado con dos copias, cada parte se lleva una copia”, declaró.

En esa línea, la abogada de la CooperAcción, Ana Leyva, indicó que el actuación de Repsol revela un abuso de poder sobre las víctimas.

“La empresa está aprovechando su posición de dominio. Las partes no están en condiciones de igualdad, hay un abuso. Además, el acuerdo tiene muchos aspectos técnicos, si no eres abogado, no podrías entender lo que dice. Se ha elaborado a propósito en un lenguaje muy jurídico y enrevesado para que no lo entiendan los demás”, sostuvo.

Mientras que el abogado Henry Carhuatocto señaló que todo acuerdo extrajudicial debe partir de una valoración económica que aún no se conoce.

“No se puede descartar la valorización e identificación de las víctimas en un acuerdo [extrajudicial], esto sería causal de vicio”, remarcó.

Repsol no respondió a La República para solicitudes de entrevista. En Radioprogramas, el vocero de la empresa, Luis Vásquez, afirmó que han firmado 7.000 acuerdos de un padrón de 10.300 personas y que el objetivo es indemnizar a todos. Vásquez no mencionó en detalle las características de los mencionados acuerdos.