Perú tiene más de 70 conflictos sociales activos relacionados con la minería

En diciembre del 2022, nuestro país fue testigo del levantamiento de ciudadanos de diversas regiones, quienes protestaban principalmente por temas políticos (pedían adelanto de elecciones, la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso).

Sin embargo, a lo largo de este año, también han surgido nuevas disputas vinculadas con temas medioambientales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta fines de noviembre, en el Perú se han registrado 221 conflictos sociales, de los cuales 161 están activos y 72 están relacionados con la minería.

Es importante notar principalmente el caso de Cusco, ya que cuenta oficialmente con 12 pugnas mineras sin resolver, superando a otras regiones como Apurímac (9), Áncash (6), Ayacucho (6), Junín (5) y Pasco (5). Más abajo de la lista se encuentran Cajamarca (4), Moquegua (4), Huancavelica (3), Lima Provincias (3), Amazona (2) y Arequipa (2). Huánuco, La Libertad y Loreto tienen solo un reporte cada uno.

En este tipo de disputas, existe una variedad de demandas como el incumplimiento de convenios y el retraso en la ejecución de los acuerdos. Hay ocasiones, por ejemplo, en los que la empresa minera llega a un pacto con la comunidad para contratar a personas de la zona, por lo que hay una discusión sobre qué porcentaje de los trabajadores debe corresponder a la localidad.

“En otros casos, se requiere compensaciones económicas porque se va a utilizar unas tierras que son de la propiedad de la comunidad (...). También hay temas de preocupación ambiental, sobre todo en las zonas donde hay agricultura en las cercanías”, dijo Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

¿Por qué es complicado resolver un conflicto social minero?

Los conflictos sociales sobre minería son los más complejos en resolver principalmente por el número alto de actores sociales involucrados, indica Rolando Luque.

En este tipo de hechos, pueden intervenir entidades como frentes de defensa, la población organizada de zonas urbanas, ministerios, gobiernos regionales y municipalidades distritales o provinciales.

Otra razón que explica esta dificultad, señala Luque, es la gran cantidad de demandas que se plantean. Asimismo, se suele tomar medidas de fuerza de forma rápida, como el bloqueo de carreteras para interrumpir, por ejemplo, el tránsito de vehículos que transportan minerales en el corredor minero.

“También son complejos porque tratan temas económicos en un contexto en el que la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza, sus necesidades principales no están siendo satisfechas y se considera que la compañía debería tener una participación ahí, cuando en realidad es el Estado el obligado a prestar servicios básicos a la población”, detalló.

Para Johnattan Rupire, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las comunidades peruanas “han sido y siguen siendo excluidas del proyecto país en cuanto a la presencia del Estado” y que en este tipo de conflictos la población se encuentra “en el extremo más débil”.

“La forma en cómo se materializa ese no poder (es) en las escasas condiciones que tienen estas comunidades para desarrollar una vida en dignidad”, afirmó.

¿Por qué Cusco es la región con más conflictos sociales mineros activos?

Rolando Luque aclaró que Cusco es la región con más conflictos sociales vinculados a la minería activos debido al número de operaciones mineras que hay en la región y porque las relaciones entre las organizaciones sociales y las empresas no han seguido un curso estable a lo largo del tiempo.

Manifestó, además, que es importante que todas las fases del proceso minero sean llevadas con cuidado para garantizar la confianza de los residentes.

“Esta garantía tiene que ver con dos cosas principalmente: transparencia en la información que la empresa le da a las comunidades y percepción de parte de la población de los beneficios que le puede reportar tener como aliado a una empresa, en una zona caracterizada por la pobreza y las desigualdades”, acotó.

Alrededor del 47% de acuerdos no se cumplen

De acuerdo con el defensor adjunto, aproximadamente el 47% de todos los acuerdos sobre conflictos sociales no se llegan a cumplir debido a que el acta que se firma, luego de las rondas de diálogo, carecen de impulso político.

“En algunos casos, los diálogos son un poco apresurados. Los acuerdos no están bien pensados y no reflejan exactamente los intereses de las partes. Entonces, lo más probable es que (en) un tiempo se tenga que nuevamente renegociar y discutir esos puntos”, comentó.

“Lo que la Defensoría ha planteado es que ese documento debe pasar a ser parte de los procesos administrativos de gestión pública. Alguien tiene que hacerse responsable de que esos acuerdos ingresen a los planes operativos, tengan presupuesto y plazos de cumplimiento dentro de la función pública de cada ministerio, gobierno regional o gobierno local que se haya comprometido a ejecutarlos”, agregó.

¿Por qué las demandas de la población sí pueden ser legítimas?

Tanto Johnattan Rupire como el representante de la Defensoría del Pueblo coinciden en que las demandas de las comunidades sí pueden ser legítimas. Según Rupire, habría que tener en cuenta el contexto internacional para analizar lo que la población requiere.

Por su parte, Luque menciona que es válido “hacer una relectura de la realidad actual y ver si aparecen nuevas oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la población”.

“Hacer minería en el Perú supone comprender las realidades locales y establecer relaciones adecuadas con la población en términos de respeto. El pueblo indígena tiene que ser respetado en su historia, su cultura y sus costumbres”, puntualizó.