Buscan que aumente la cifra de donantes de órganos
Alta demanda. En el Congreso quieren que se dé por hecho que todos son donantes a excepción de los que no lo deseen. 6.000 personas esperan un trasplante. Minsa pide revisar norma.
Hay cerca de 6.000 peruanos que aguardan una segunda oportunidad de vida por medio de un trasplante de órgano o tejido. La espera puede ser de meses o años, debido a la baja tasa de donantes, la cual descendió aún más en la pandemia.
Para hacerle frente a este problema, el Congreso ha presentado una iniciativa que busca establecer un sistema de presunción de consentimiento de donación; sin embargo, la propuesta no estaría teniendo en cuenta el contexto peruano, advierte el Ministerio de Salud.
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El proyecto de ley n° 3721 tiene como objetivo aumentar el número de donantes de órganos para cubrir la alta demanda existente en el país. La idea es que ahora todos los peruanos se consideren donantes a menos que expresen su voluntad de no serlo por medio del DNI, declaración jurada o la suscripción de un acta formal.
El dato
Preocupante. El médico Juan Almeyda indica que en el 2019 la tasa de donantes por millón de habitantes era de 2,3, en el 2020 descendió a 0,5, en el 2021 alcanzó el 0,7 y este año vamos en 1,3. Se espera cerrar el 2022 con 1,5 y que el 2023 se llegue a 3,5.
Actualmente, en el Perú la familia es la que tiene la última palabra, independientemente de lo que diga el DNI. En esa línea, explica el Minsa, el documento de identidad del 80% de los peruanos mayores de edad tiene marcada la opción del no para la donación de órganos, por lo que de aprobarse la iniciativa en cuestión, ya no podría solicitarse el aval de la familia. ‘’Solo podríamos tener el 20% que dice sí o no dice nada, entonces de ahí el 80% de los peruanos ya no podrían ser donantes’', resalta el jefe de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa, Juan Almeyda.
En ese sentido, el Minsa sostiene que una posible salida sería realizar una nueva inscripción de donantes desde cero, lo que significaría que lo que figura en el DNI ya no tendría validez, pero ello todavía tendría que ser evaluado desde un ámbito legal y jurídico.
