Alcalde Marcos Gasco en manos de FEMA y Fiscalía Penal por colapso de desagües en Santa Victoria

La Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo derivó el caso de los aniegos de aguas servidas que se registran en la urbanización Santa Victoria a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa con la finalidad de que determine investigación preliminar por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. También derivó la documentación a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lambayeque por el presunto ilícito de contaminación del ambiente.

Cabe indicar que esta medida la dispuso la fiscal Candita Llempén después de analizar los hechos denunciados por los regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) contra el alcalde Marcos Gasco; el entonces gerente general, Marlow Oblitas; y el gerente de Infraestructura Pública, Raúl Olano, tal como consta en la carpeta fiscal 245-2022. La magistrada remitió los actuados que también comprenden a otros que resulten responsables, entre ellos funcionarios de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

Los concejales Orlando Puell, Jony Piana, Carlos Cabrejos, Percy Espinoza, Karina Villegas y Pamela Alva señalaron ante el Ministerio Público que el ayuntamiento rehabilitó veredas en la urbanización Santa Victoria; sin embargo, afirmaron que los trabajos ocasionaron daños en las redes de agua potable y alcantarillado y, por ende, el colapso del desagüe que afecta la integridad y la salud de las personas. Indicaron que las tuberías tienen más de 50 años de antigüedad, lo cual no se tomó en cuenta.

De acuerdo al proceso investigativo, la Segunda Fiscalía Penal y la FEMA evaluarán los casos y realizarán diligencias en el marco de las competencias que le otorga la ley.

Caso San Eduardo

Respecto a los aniegos de aguas contaminadas en la urbanización San Eduardo, la Fiscalía de Prevención del Delito emitió la Disposición n.º 1, en la cual informa que Epsel no entregó información sobre el colapso de las redes de saneamiento, por lo que otorgó cinco días de plazo para que remita el informe sobre las acciones que se ejecutan específicamente en la cuadra 9 y alrededores de dicha urbanización, bajo apercibimiento.

Incluso, la fiscal Patricia Coronado sostuvo que “el colapso de la red de saneamiento debido a la inacción de las autoridades estaría perjudicando la salud de los vecinos”, se lee en el documento al que accedió La República.