Regidores piden transparentar información legal de funcionarios luego de condena a gerente de MPCh
Chiclayo. Orlando Puell y Jony Piana exigieron a alcalde que revele dicha información y cuestionaron que los filtros hayan fallado en la designación del gerente general. En tanto, el doctor en Derecho Tito Esteves pidió respetar la modificatoria constitucional.
Ante la sentencia por delito de corrupción al gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Marlow Oblitas; los regidores Orlando Puell y Jony Piana exigieron al alcalde Marcos Gasco transparentar la información sobre sus funcionarios en relación con su trayectoria profesional, estudios e investigaciones fiscales en curso y más aún si forman parte de procesos por delito de corrupción.
Si bien aseguraron que la renuncia de Marlow Oblitas tenía que darse sí o sí debido a la modificatoria constitucional que impide designar en cargos de confianza a las personas sentenciadas en primera instancia por la comisión de delito dolosos, los concejales cuestionaron la elección de gerentes y subgerentes cuya producción es ineficiente y observada en reiteradas oportunidades por la Contraloría General de La República por presuntas irregularidades en obras y servicios.
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“Definitivamente, falló el filtro para la designación del gerente general, quien, cuando fue contratado por la comuna, ya tenía una investigación por presuntos delitos de corrupción. Aunque la presunción de inocencia ampara a los imputados, lo idóneo es que la comuna seleccione funcionarios con un legajo personal en el que destaque el profesionalismo y no una investigación por corrupción”, subrayó Orlando Puell para La República.
El comité de la Municipalidad de Chiclayo y la Defensoría del Pueblo de la región realizan la investigación correspondiente. Foto: La República.
Norma constitucional
A su turno, el concejal Jony Piana manifestó que urge que el titular del pliego transparente la información académica y legal de su personal de confianza. “El alcalde debe tomar decisiones políticas y respetar las normas, debido a que existe una modificatoria constitucional que impide a los sentenciados en primera instancia ocupar cargos públicos”, enfatizó.
Respecto a este último tema, el doctor en Derecho Tito Esteves aseveró que la modificación constitucional establecida en el art. 39-A de la Ley 31043 prohíbe que un funcionario que tenga una sentencia condenatoria en primera instancia pueda acceder a un cargo de elección popular o ejercer una función pública. Esta se expidió en coherencia a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas por la Lucha contra la Corrupción, de la cual el Perú forma parte. “No había fundamentos legales para que el alcalde (Marcos Gasco) mantenga en el puesto de gerente general a Marlow Oblitas. Se tiene que respetar la modificatoria constitucional”, afirmó.
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Oblitas se defiende
Sobre el tema, Marlow Oblitas indicó a este medio de comunicación que, si bien la sentencia es de cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva, el juez anticorrupción Carlos Larios dispuso que los efectos de la condena sean suspendidos, lo cual conllevó a que no se dicte orden de captura.
“Estamos a la espera de que el Poder Judicial me notifique para presentar el recurso de apelación, pues soy inocente de los cargos que me imputan. La Fiscalía Anticorrupción señaló que yo tramité una carta fianza, lo que generó perjuicio económico a la municipalidad de Mórrope a pesar de que mis funciones como procurador. En ese entonces no establecía tramitar dicho documento”, argumentó.