Allanan inmuebles de hermanos Chávez Sotelo y trabajadores de Poder Judicial de Apurímac
Operativo se realizó en Cusco y Apurímac. Son acusados de captar a servidores judiciales para que beneficien ilícitamente a comunidad de Huancuire en procesos contra el Estado y Las Bambas.
Este lunes 15 de agosto, un operativo simultáneo se realizó en las regiones de Cusco y Apurímac, como parte de la investigación contra los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo. Son acusados por el Ministerio Público de captar a servidores del Poder Judicial en Apurímac, para que, a cambio de dinero, declaren fundados recursos presentados por la comunidad de Huancuire en procesos que siguen contra el Estado y la minera Las Bambas.
En el 2019, los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo cumplieron prisión preventiva por ser parte de la presunta organización criminal Los Chavelos, sospechosos de extorsionar a la minera MMG Las Bambas.
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Este viernes, el operativo efectuado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú consistió en allanar una vivienda ubicada en el distrito de San Sebastián, en Cusco. El inmueble pertenecería a Javier Ochoa Núñez, dirigente de la comunidad campesina de Huancuire.
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Entre tanto, en Abancay (Apurímac), las autoridades allanaron ocho viviendas pertenecientes a los hermanos Chávez Sotelo, así como los de secretarios, especialistas legales y asistentes judiciales de la Corte Superior de Justicia de Abancay.
De acuerdo al Ministerio Público, los funcionarios del Poder Judicial de Abancay habrían sido captados por los hermanos Chávez Sotelo. Por el presunto pago de dinero, habrían declarado fundado los recursos legales presentados por los Chávez Sotelo, quienes eran abogados de la comunidad campesina de Huancuire.
Se les acusa de los delitos de organización criminal, corrupción de funcionarios, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales y cohecho activo específico.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, Haydee Vargas Oviedo, lamentó el hecho y reconoció que este accionar daña la imagen del Poder Judicial. Remarcó que dicha entidad dio las facilidades para que la investigación se realice.
Asimismo, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) efectuó un operativo en las oficinas de los trabajadores acusados.
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