Poder Ejecutivo plantea expulsar también a extranjeros sin papeles ni vacunas COVID-19

Ya no solo serían deportados del Perú por cometer actos delictivos. El Consejo de Ministros aprobó ayer un polémico proyecto de ley que aumenta las causales de expulsión de los ciudadanos extranjeros, con el fin de “hacerle frente a la inseguridad ciudadana que preocupa, sobre todo en regiones como Lima, Callao y Trujillo”.

De esta manera, según detalló el premier Aníbal Torres, se plantea sacar del país a los migrantes irregulares; así como a aquellos que no cuenten con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19. También añadió que se prevé expulsar a los extranjeros que manejen una motocicleta de delivery sin contar con autorización o por conducir un vehículo sin documentos.

Asimismo, la iniciativa contempla deportar a los foráneos que no cuenten con su documento de identidad o que tengan en su poder armas de fuego y explosivos sin permiso. También podrían ser expulsados aquellos que posean drogas o quienes falten el respeto a la autoridad, ya sea de palabra o de obra, cuando los intervienen.

Para eso, explicó el ministro de Justicia, Félix Chero, se modificará el decreto legislativo 1350. “Además se ampliará de 3 a 6 años de prisión por el delito de resistencia a la autoridad”.

No a la xenofobia

Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, rechazó y calificó de xenófoba la propuesta, ya que dijo que la situación migratoria irregular de una persona no es un delito. ‘’El Perú no criminaliza la migración porque cumple diversos tratados internacionales firmados’'.

También afirmó que el Perú tiene abierto un proceso para regularizar a todos los migrantes, por lo que la medida “no tiene ningún sentido”. ”Miles de extranjeros están en ello. Y ahora, ¿los van a expulsar?”, criticó.

Pese a ello, el premier espera que el Congreso apruebe el proyecto de ley “lo antes posible”.

La clave

Para la Defensoría, el Ejecutivo se contradice en el tema, ya que hace poco observó una iniciativa del Congreso que limitaba a 400.000 extranjeros irregulares a alquilar viviendas. “Esperamos que el Congreso no insista con esta iniciativa y la archive”.