Depredan más de 10.000 hectáreas en la Amazonía

Una empresa transnacional depredó impunemente más de 10.000 hectáreas de Amazonía peruana para plantar palma aceitera en Ucayali, según ha revelado un reciente documental del portal Epicentro TV y Proética. Fiscales y testigos han sido amenazados en este caso de denuncias por crimen organizado, corrupción y poder económico.

Todo empezó en el 2018, cuando un testigo reveló al fiscal provincial penal de Coronel Portillo, Wilber Huamanyauri, que entre el 2012 y 2015 la organización criminal montó, desde el Gobierno Regional de Ucayali, un sistema para titular grandes masas de bosque amazónico que terminaron en poder de dos compañías del empresario checonorteamericano Dennis Melka. Estas, primero, talaron para sembrar palma aceitera y, después, pidieron permiso para regularizar esto. Todo al revés.

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El caso se conoció cuando Isaac Huamán Pérez, director regional de Agricultura de Ucayali, pretendía vender 3.600 hectáreas de la Amazonía a las empresas Plantaciones de Ucayali SAC y Plantaciones de Pucallpa SAC, de manera fraudulenta. Pero todo se detuvo en Cocha Aunía.

Sin embargo, Melka sí compró más de 10.000 hectáreas en las zonas de Tibecocha y Zanja Seca. Allí sembraron, en rectángulos y divisiones, plantaciones de palma aceitera, e iniciaron el negocio de agroexportación más importante de esta región, sin permisos ambientales.

En el 2012, la Dirección Regional de Agricultura adjudicó a Plantaciones de Ucayali 4.759 hectáreas de tierras del Zanja Seca. En Tibecocha, Melka compró más de 5.000 hectáreas de predios mediante Plantaciones de Pucallpa. Allí también se destruyó todo, flora y fauna.

El caso aún en espera

Diez años después de la tala y con otros actores, el negocio sigue boyante, pero con la regularización ambiental pendiente.

En el 2016, la empresa Ocho Sur SAC pasó a controlar el negocio luego de que Melka cayera en desgracia. Sus actuales directivos confían en obtener la licencia ambiental. Podrían lograrlo gracias a una norma aprobada por el Gobierno de Pedro Castillo. Aunque la empresa no cree que se verá beneficiada.

Si así ocurriera, provocaría una posible colisión entre la Fiscalía de Crimen Organizado, que investiga los presuntos delitos ambientales, y el Ejecutivo.

La clave

“Con conocimiento de Huamán, buscaban personas que ni siquiera vivían en Pucallpa, cogían su DNI y rellenaban los datos para que sus predios sean titulados”.