Gestión fujimorista de la Universidad Alas Peruanas desvió más de S/ 600 millones

Las nuevas autoridades de la Universidad Alas Peruanas (UAP) suministraron al Ministerio Público (MP) evidencia documental sobre el desvío de más de S/ 600 millones de fondos del centro de estudios, a empresas vinculadas con la familia del exrector Fidel Ramírez Prado, informó el gerente general César Cabrera Escudero.

La mayor parte de las operaciones sospechosas denunciadas están relacionadas con el trasiego de dinero a empresas que controlaban directamente o mediante intermediarios, Fidel Ramírez y su sobrino Joaquín Ramírez Gamarra, ex secretario general de Fuerza Popular y exfinancista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Las autoridades no descartan que parte del dinero desviado haya servido para el financiamiento de la excandidata Fujimori. En la campaña de 2016, se descubrió que la residencia de la calle Bucaré 559, en urbanización Camacho, La Molina, desde donde Keiko Fujimori dirigía su campaña presidencial, pertenecía a una de las empresas de Joaquín Ramírez investigadas por lavado de activos.

En enero de 2020, cuando la UAP estaba todavía en manos de la familia Ramírez, el fiscal Jorge García Juárez allanó uno de los locales del centro de estudios e incautación documentación. El fiscal García investigaba entonces que mediante contratos ficticios entre Fidel Ramírez y empresas de Joaquín Ramírez, la UAP desvío alrededor de S/ 8,2 millones, y que parte de esos fondos pudieron haber financiado la campaña de Keiko Fujimori.

Al ingresar la nueva gestión con César Cabrera como gerente general de la UAP, se comprobaron los desvíos de dinero hasta por S/ 600 millones.

De acuerdo con la información entregada por las nuevas autoridades al Ministerio Público, en 2015 y 2018, las hijas de Fidel Ramírez, Maribel y Nancy Ramírez Gallegos, desviaron aproximadamente S/ 400 millones; y entre 2018 y 2019, el ex gerente general nombrado por los Ramírez, José Castillo Carazas se encargó de desviar 200 millones de soles, en particular a la compañía de seguridad CSC Group, de acuerdo con las nuevas investigaciones efectuadas por la nueva administración.

De acuerdo con el gerente general César Cabrera, la familia Ramírez mediante sus operadores pretendieron quebrar la UAP con la finalidad de apropiarse de los activos, mediante el uso del 25% de las acciones que se habían atribuido.

“Pero ese accionariado era parte de una simulación y eran acciones sin valor que, después de muchos años, han sido anuladas, con lo que se ha borrado todo vestigio de una gestión que le hizo enorme daño a la institución”, dijo. La entrega de información al Ministerio Público es parte del proceso de licenciamiento que ha emprendido la nueva gestión.

Por su parte, José Castillo negó las acusaciones del ex gerente César Cabrera y aseguró que, de las cuatro investigaciones en su contra por parte del Ministerio Público, dos fueron archivadas.

“Según la denuncia, yo me habría coludido y desviado fondos de la Universidad Alas Peruanas, pero esas acusaciones han sido desvirtuadas luego de una pericia contable elaborada por la Policía Nacional”, indicó José Castillo.