Unesco rechaza proyectos de ley que debilitan a la Sunedu

Este martes 1 de febrero, el Congreso está debatiendo los proyectos de ley que debilitan a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Estos textos, que son impulsados principalmente por parlamentarios de Renovación Popular, Perú Libre y Acción Popular, tienen como objetivo dar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas y convertir al organismo peruano en un ente similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Al respecto, la Unesco emitió un comunicado rechazando el documento que fue aprobado por mayoría en la Comisión de Educación. En la misma misiva, recalca que la Sunedu no vulnera la autonomía universitaria, tal y como señalan algunos legisladores. Este segundo punto también ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional.

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“Cuando se crean procesos de aseguramiento de la calidad, lo que se hace es establecer parámetros que definen lo que es hoy un servicio universitario de calidad, cautelando el interés superior de los estudiantes y del desarrollo del país. Estos parámetros no afectan la autonomía universitaria consagrada en los ordenamientos jurídicos de América Latina, pues esta, debe recordarse, es una garantía para una efectiva contribución de la universidad en la promoción de la ciencia, la formación de profesionales y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible”, se lee en el pronunciamiento.

Actualmente, la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo son elegidos por concurso público. Para esto, deben cumplir diversos requisitos, entre ellos, tener grado académico de doctor y experiencia en docencia. Esta figura fue respaldada por la Unesco, que también recordó que otros países de la región hacen lo mismo.

“El procedimiento que se utiliza actualmente en el Perú para la conformación de los miembros de la agencia es el procedimiento más frecuente utilizado en la región y a nivel internacional. Lo que se intenta es garantizar que la mayor parte de los asientos obedezcan a un criterio de capacidad académica y profesional; y que el Estado, con una presencia minoritaria, exprese los intereses del bien común y el derecho a la educación”, precisaron.

Con extensos comunicados, el Consejo Nacional de Educación y diversas universidades también se han pronunciado en contra de los proyectos de ley.