Vásquez rechaza contrarreforma universitaria: Dictamen constituye un riesgo muy grave
La también excongresista de izquierda lamentó que el Parlamento haya dado luz verde a los proyectos de ley que vulneran a la Sunedu.
Luego de varias horas de debate, el Congreso de la República apoyó, en primera instancia, los proyectos de ley que vulneran a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y la reforma universitaria. Con 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones, los parlamentarios aprobaron el texto que busca convertir al organismo peruano en un ente similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Todavía falta la segunda votación, que podría darse en 7 días.
Ante esto, la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez se pronunció en sus redes sociales para cuestionar la decisión de los parlamentarios de Renovación Popular, Perú Libre y Acción Popular, quienes son los principales impulsores de este cambio.
“La reforma universitaria no debe retroceder, el dictamen que acaba de aprobar el Congreso en primera votación constituye un riesgo muy grave, al pretender que las/os rectores sean juez y parte en los procesos de mejora de la calidad educativa. ¡Que se analice y no prospere!”, se lee en su tuit.
Expresidenta de la PCM se pronunció tras la aprobación del proyecto de ley. Foto: Mirtha Vásquez
Luego de esta aprobación, los integrantes de la Comisión de Educación brindaron una conferencia de prensa junto a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón. Frente a las cámaras, la autoridad de la Decana de América respaldó la contrarreforma y dijo que “beneficiará a todo el país”.
Unesco en contra de iniciativa
En un comunicado, la Unesco, al igual que la excongresista de izquierda, rechazó esta iniciativa y aclaró que el proceso de selección de los integrantes del Consejo Directivo también se replica en otros países de la región.
“El procedimiento que se utiliza actualmente en el Perú para la conformación de los miembros de la agencia es el procedimiento más frecuente utilizado en la región y a nivel internacional. Lo que se intenta es garantizar que la mayor parte de los asientos obedezcan a un criterio de capacidad académica y profesional; y que el Estado, con una presencia minoritaria, exprese los intereses del bien común y el derecho a la educación”, precisaron.
