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Puno: sentencian a cárcel a personas que llevaban US$ 25.000 provenientes del tráfico de drogas

Juliaca. Las procesadas fueron encontradas culpables del delito de lavado de activos. De acuerdo a las investigaciones, se detectó que tenían conocimiento del origen ilícito del dinero.

Puno. Sentencia por lavado de activos fue impuesta por juzgado en Juliaca. Foto: Poder Judicial
Puno. Sentencia por lavado de activos fue impuesta por juzgado en Juliaca. Foto: Poder Judicial

Puno. Yudit Antonia Llantoy Quispe fue sentenciada a siete años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos en su modalidad de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. Eli Méndez Mayorga, al ser considerado su cómplice, también fue condenado a 6 años de cárcel.

Llantoy trasladaba 25.000 dólares. Las investigaciones apuntan a que el dinero provenía del delito de tráfico ilícito de drogas, por lo que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Román - Juliaca impuso las sentencias.

La acusación y sustento del caso estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de San Román ­Juliaca. Durante las audiencias, el fiscal provincial Nando López Blanco precisó que el día 13 de noviembre del 2018, a las 3.20 horas, los ahora sentenciados fueron intervenidos en el peaje de Ayaviri, en Puno, cuando se trasladaban desde la ciudad de Juliaca con destino a Cusco a bordo de un auto particular.

En la intervención policial, Yudit Antonia Llantoy llevaba dentro de sus pertenencias la suma de 25.000 dólares americanos, teniendo pleno conocimiento que provenía del delito de tráfico ilícito de drogas, advirtió el Ministerio Público.

De acuerdo a las investigaciones desarrolladas, el día 10 de noviembre del 2018 -es decir, dos días antes de su intervención- los procesados salieron de Ayacucho y el día 12 de noviembre llegaron a Juliaca, para después retornar llevando el dinero.

El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno emitió en audiencia de juicio oral la resolución N° 27 de fecha 24 de enero de 2022 a través de la cual, además, ordenó el decomiso de los 25.000 dólares y la reparación civil de 20.000 soles a favor del Estado peruano.

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