Majes Siguas II: desmintiendo bulos

Arequipa. La descentralización había sido una promesa incumplida a lo largo de nuestra vida republicana hasta antes del impulso de la política descentralista de inicios de este siglo. Gracias a ella, con aciertos y/o errores se logró constituir gobiernos regionales con autoridades elegidas democráticamente, dotarles de competencias y de autonomía para ejercerlas y, en suma, entregarles la responsabilidad de promover el desarrollo integral de sus territorios a partir del fomento de inversiones y ejecución de proyectos de impacto.

Dicha responsabilidad, hoy más que nunca se materializa con la decisión que el Gobierno Regional de Arequipa debe tomar sobre la reactivación del Proyecto Majes Siguas II, que marcará el futuro de la Macroregión Sur. Si bien históricamente desde las provincias hemos reclamado que el centralismo limeño haya sido la gran piedra en el zapato para el desarrollo del resto del país, paradójicamente hoy que se tiene la oportunidad de responder con descentralización de inversiones, estamos sumidos en discusiones bizantinas con alta dosis de demagogia.

Desde esta tribuna, me permito desmentir algunos de los principales bulos sobre la adenda 13 (cambio tecnológico) que han ensombrecido el debate entre autoridades y la misma percepción ciudadana:

No se ha movido una sola piedra en el proyecto Majes Siguas II: Falso. La ejecución de obras físicas se iniciaron en junio del 2015 y se prolongaron hasta inicios del 2018, fecha en la que el concesionario planteó un cambio tecnológico invocando nuevas circunstancias vinculadas a caudal ecológico, evaporación y cambio climático. Actualmente las obras registran un avance de 36% en la Fase I y 16% en su totalidad, que incluye campamento, vías de 35 km, una tuneladora, entre otros componentes.

El cambio tecnológico favorece a los intereses económicos de la empresa: Falso. Favorece a Arequipa porque además de garantizarnos un proyecto más eficiente en el aprovechamiento del agua (sistema presurizado), posibilitará, a diferencia del esquema original, la incorporación inmediata de las tierras a la producción.

La Contraloría General de la República ha manifestado que no hay sustento para el cambio tecnológico: Falso. Esta entidad ha amparado la causal de cambio climático como nueva circunstancia que amerita el cambio de canales abiertos por tuberías cerradas y no ha denunciado ninguna sobrevaloración del costo del cambio tecnológico como comentan quienes cuestionan la adenda.

Es mejor aceptar el arbitraje y convocar un nuevo concurso para que otra empresa ejecute el proyecto: Falso. Esta opción en un gobierno que no genera confianza a los inversionistas significará sepultar el proyecto Majes Siguas II, los consecuentes impactos en generación de empleo, incremento de exportaciones, aporte al PBI, y, en suma, la postergación de la anhelada descentralización económica.

Lo que sucede hoy con el Gasoducto Sur Peruano es el más claro reflejo de lo que ocurrirá con Majes Siguas II si se rechaza su reactivación. A ello hay que sumarle la no ejecución de 900 millones de dólares en la construcción de las hidroeléctricas de Lluta y Lluclla cuyo contrato para tal fin se firmó entre el Gobierno Regional y Luz del Sur en el 2018.

La adenda 13 cuenta con la opinión favorable del MEF y de Proinversión, luego de tres años de exhaustivas evaluaciones. La Contraloría no ha opinado que el cambio tecnológico no tenga sustento. Por tanto, el debate técnico ha sido agotado y amerita un pronunciamiento responsable del Consejo Regional. La cuestión acerca de quiénes accederán a las tierras y el número de hectáreas va por cuerda separada y bien podría ser puesta a debate dentro de la política de asociatividad y acceso a crédito barato que el Gobierno dice promover como parte de la anunciada segunda reforma agraria.