Lambayeque: controversia en la UNPRG por procesos judiciales perdidos y embargos
Federación de Docentes de casa de estudios pidió intervención de OCI por presuntas irregularidades en Oficina General de Asesoría Jurídica.
Una intervención del Órgano de Control Institucional (OCI) se ha solicitado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque luego de que demandantes ganaran procesos judiciales y se embargaran sumas de dinero de la casa de estudios.
Petición
En un oficio dirigido a Víctor Raúl Pinedo García, jefe del OCI de la universidad pública, el presidente de la Federación de Docentes de la UNPRG, Alfonso Mendoza Gamarra, aduce que se han cometido irregularidades en la Oficina General de Asesoría Jurídica.
Un primer caso corresponde al proceso contenido en el expediente n.° 04302-2017, en el que el demandante Juan Manuel Anton Perez tuvo a su favor un embargo por más de S/ 134.377, según un fallo de primera instancia emitido el 22 de mayo de 2019. Luego, el 30 de agosto de 2020, se confirmó la resolución favorable al demandante, de acuerdo a información proporcionada a este diario por la universidad.
Posteriormente, el 13 de diciembre de 2021, el Juzgado de Trabajo de Lambayeque, a través de la resolución n.° 34, resolvió tener por desistido el recurso de apelación que debía interponer la apoderada legal de la UNPRG, Luzmila Insua Sime. Previamente, el 23 de noviembre de 2021, el juzgado declaró consentida la resolución de 20 de octubre de 2021 y el endoso del depósito judicial para el demandante.
“La apoderada judicial de la universidad ha procedido a desistirse del recurso de impugnación, evitando así que esa decisión sea revisada por el órgano jurisdiccional superior. (Se) ha dado lugar a que la suma de dinero antes indicada sea entregada al demandante en evidente perjuicio para la entidad”, se precisa en el documento firmado por Mendoza Gamarra.
Otro proceso judicial donde se advierte una misma posición de la defensa legal de la UNPRG es la que aparece en el expediente n.° 2003-2017, donde los demandantes también consiguieron embargos. Aquí los beneficiarios fueron los siguientes docentes con distintas sumas de dinero: Amado Aguinaga Paz (S/ 130. 951), Fredy Dávila Hurtado (S/ 120. 730) y Martín Delgado Wong (S/ 171.783).
En este caso, el Juzgado de Trabajo de Lambayeque, mediante la resolución n.° 39, también resolvió aceptar el desistimiento de la apoderada legal de interponer una apelación.
“El desistimiento injustificado de defender a la universidad por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica ha producido que terceros se beneficien con más de medio millón de soles en perjuicio de la economía de la universidad y renunciando a ejercer la defensa de nuestros intereses en la sede judicial”, se detalla en el citado documento.
Se pronuncian
La República conversó con el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Carlos Palomino Guerra, respecto a la denuncia de la asociación de docentes y deslindó cualquier irregularidad.
“Ambos casos son casi parecidos, con resoluciones de primera instancias emitidas en mayo de 2019 y donde la universidad planteó los recursos de apelación correspondientes. En el expediente n.° 04302-2017, tras emitirse el fallo de segunda instancia, en octubre de 2020, la universidad no interpone recurso de casación y la sentencia quedó en calidad de cosa juzgada. Nosotros, como nueva jefatura, asumimos en la quincena de diciembre de 2020 y encontramos juicios ganados en ambos procesos”, explicó Palomino Guerra.
El abogado de la institución mencionó que durante el año 2021 ejercieron defensa para evitar el embargo e intentar dilatar el proceso, a fin de no afectar la situación económica de la casa de estudios.
“En octubre de 2021, el juez emitió una resolución en la cual se declaró el endose del depósito (a favor del demandante), la cual fue apelada. Luego, consideramos que no era una apelación sino una integración con respecto al endose. Pero (en este nuevo recurso) nos rechazan nuestro cronograma de pago porque no demostramos que íbamos a pagar ese monto. Contra una sentencia de cosa juzgada ya no se puede hacer nada, es un caso perdido”, comentó Palomino Guerra.
Ante una intervención del OCI, Palomino Guerra precisó que entregarán la documentación legal y administrativa para deslindar cualquier tipo de responsabilidad.
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