Lambayeque: discrepancias en torno a designación de nuevo gerente general de GRL

La designación del abogado Marty Llontop Samillán como nuevo gerente general Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) ha despertado suspicacias en la gestión de la gobernador regional Luis Díaz Bravo. El nuevo funcionario público también se pronunció sobre estos cuestionamientos.

La presencia de Llontop Samillán no es nueva en el GRL, pues ya ha sido designado en otro puesto durante la gestión que comenzó Díaz Bravo en reemplazo de Anselmo Lozano Centurión. Tuvo un paso relativamente corto tras ser designado como asesor de la Gobernación del GRL, entre el 14 y 20 de abril de 2021. Posteriormente, el abogado firmó un contrato de locación de servicios en calidad de consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), el cual se cumplió entre fines de abril y diciembre de 2021.

Su designación y posterior contratación por locación de servicios generó una denuncia por parte el ex asesor jurídico del GRL, Wilver Salgado Cayotopa, contra a Marty Llontop y Luis Díaz por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

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Se pronuncia

En diálogo con La República, Marty Llontop precisó que no existió ninguna irregularidad en su designación como asesor y su contratación como consultor FAG. Sobre este último cargo, subrayó que su perfil como consulto FAG fue evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“He sido denunciado sin sustento. No ha habido duplicidad de pagos o alguna irregularidad en mi contratación. Si hubiese habido alguna irregularidad en mi contratación como consultor FAG, el MEF lo tenía que haber advertido. Se ha aperturado una carpeta fiscal para que se investigue estos hechos, y estoy apto para aclarar este tema”, precisó el nuevo gerente general.

Llontop Samillán, en calidad de exfuncionario del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) del año 2009, también ha sido incluido en la investigación que sigue la Fiscalía por la adjudicación del proyecto Olmos a la empresa Odebrecht. En este proceso, él refirió que ejerce autodefensa en su condición de abogado.

“A mi se me investiga por dar el visto bueno en un oficio donde se daba la segunda ampliación de plazo a la concesionaria de Odebrecht en el proyecto Olmos. Esto pasaba más por un tema de confianza donde la entonces gobernadora regional Nery Saldarriaga no quería firmar ningún documento si no llevaba mi visto bueno. Ese oficio que comunicaba la ampliación del plazo tenía dos informes de las oficinas de Asesoría Jurídica y Operaciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones, quienes eran los encargados de dar un tiempo adicional”, comentó.

En esa línea, precisó que su visto bueno en el citado oficio no fue determinante, pues en la primera y tercera ampliación de plazo para trabajos en el proyecto no se registró su firma.

“En esta investigación (por el proyecto Olmos) no estoy ni inhabilitado ni con mandato de detención que me impida ejercer algún cargo en mi país. Me allano a las investigaciones para demostrar mi inocencia”, comentó.

En contra

Al respecto, la consejera regional Gisella Fernandez Muro declaró a este medio de comunicación que el gobernador regional debió evaluar otros cuadros para un cargo que no merece cuestionamientos. Además, puntualizó en que no buscan confrontación con el Ejecutivo y actúan dentro de sus competencias de fiscalización.

Una posición similar tuvo el consejero Manuel Huachillo, quien comentó a un diario local que las nuevas designaciones podrían poner obstáculos para que el Consejo cuente con sus asesores y asistentes.