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Sociedad

Chiclayo: Sunarp compró EPP no seguro para trabajadores contra la COVID-19

Chiclayo. La Contraloría detectó irregularidades en la adquisición de Equipos de Protección Personal, que generó un perjuicio mayor a S/ 50.000. También identificó responsabilidad penal en funcionarios.

larepublica.pe
La Contraloría señaló que los equipos de protección no cumplió con los lineamientos establecidos por el Minsa. Foto: Contraloría

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 50.920 en la Zona Registral N° II de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) en la ciudad de Chiclayo. Este problema se detectó durante el proceso de adquisición de mascarillas, sin contar con sustento técnico y lentes protectores de plástico transparentes para sus trabajadores sin cumplir las especificaciones técnicas para enfrentar la COVID-19.

Con el Informe N° 008-2021 se evidenció que dicha entidad adquirió mascarillas de tela (anatómicas y con tres pliegues), sin que se cumplan los lineamientos del Ministerio de Salud (Minsa) para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al nuevo coronavirus.

También se evidenció la compra de lentes protectores de plástico sin contar con las especificaciones técnicas debidamente elaboradas y visadas por el área técnica, en este caso, por el médico ocupacional de la entidad.

En esa línea, manifestó que al igual que las mascarillas de tela, las características de los lentes no se ajustan a la normativa, como Equipos de Protección Personal (EPP) obligatorios para hacer frente a los contagios.

Contraloría Lambayeque Chiclayo sede

Acciones legales

Igualmente, la contratación se desarrolló sin sustentar las acciones administrativas realizadas, ni argumentar los motivos de la selección de los postores ganadores y las razones por las que no se consideraron otras propuestas que declaraban cumplir con los términos de referencia.

Finalmente, informó que se dispuso el inicio de acciones penales, civiles y administrativas contra un funcionario y una servidora de la entidad comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad.