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Consejo Nacional de Educación muestra su disconformidad con ley que repone docentes cesados

El CNE reafirmó su defensa a la Carrera Pública Magisterial basada en el mérito. Además, resaltó que el Estado debe garantizar que quienes brinden el servicio sean profesionales calificados.

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Los docentes cesados no pasaron la prueba de la Carrera Pública Magisterial del 2014. Foto: referencial/difusión

El Congreso de la República aprobó la reincorporación de 14.000 docentes interinos (sin títulos) que no pasaron la evaluación de ingreso a la Carrera Pública Magisterial del 2014. Ante esto, el Consejo Nacional de Educación (CNE) emitió un pronunciamiento en el que expresó su rechazo por esta normativa.

La entidad argumentó su defensa basada en el mérito de los profesionales de la educación. Además, brindaron a colación dos comunicados anteriores sobre los primeros pasos que se dieron desde la Comisión de Educación del Congreso.

El primero, del 18 de mayo de 2018 y ante la presentación de proyectos que buscaron la restitución de docentes interinos, invocó al Poder Legislativo a que los archive, ya que así “se permitirá fortalecer la reforma de la carrera docente, garantizando que todos los profesionales que accedan a plazas docentes y directivas cumplan con superar los estándares mínimos establecidos”.

El 5 de diciembre del mismo año, el CNE emitió otro informe en el que lamentó que dicho grupo de trabajo parlamentario haya aprobado “un proyecto de ley en ese sentido”.

Recordó que, aunque es importante “reconocer la labor que han desarrollado los docentes interinos a lo largo de tres décadas, no es conveniente aprobar una excepción a los principios establecidos por ley”.

Con respecto a aquellos que cumplen con los requisitos legales, sostuvo que “tienen expedito su derecho a acceder a la carrera según los mecanismos dispuestos, como lo hacen alrededor de 200.000 docentes que, anualmente, postulan para obtener un nombramiento”.

En ambos comunicados, el CNE manifestó que en el marco de la Carrera Pública Magisterial como política de Estado, esta debe garantizar que quienes brinden el servicio educativo sean profesionales calificados con las capacidades y habilidades necesarias para que los estudiantes logren sus aprendizajes.

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