Clínicas aceptaron S/ 55,000 por atención a enfermos por COVID-19
Consenso. Menos de 10 horas después que el presidente Martín Vizcarra anunció que apelaría al artículo 70° de la Constitución para intervenir las clínicas privadas, representantes de estas y del Ejecutivo acordaron una tarifa plana para acoger a los contagiados derivados por los hospitales del sistema de salud nacional.
Por: María Elena Hidalgo, Doris Aguirre y Deysi Portuguez
Ni 97 mil soles, como demandaba la Asociación de Clínicas Privadas, ni 34 mil 960 soles, como planteó el Seguro Integral de Salud (SIS). Al borde de la medianoche ambas partes consensuaron que sería una tarifa plana de 55 mil soles lo que el SIS pagaría a la clínicas para que atiendan a los enfermos del nuevo coronavirus que no consiguen espacio en los hospitales nacionales.
El acuerdo se produjo 10 horas después que en conferencia de prensa, el mandatario Martín Vizcarra dio un plazo de 48 horas para que el gremio de la clínicas aceptara una tarifa social. De lo contrario, aplicaría el artículo 70° de la Constitución que faculta al Ejecutivo intervenir la propiedad privada en casos de necesidad pública, como es el caso de la emergencia sanitaria por la expansión del brote del nuevo coronavirus. El jefe de Estado concedió un plazo de 48 horas para que las empresas privadas de salud llegaran a un entendimiento con las autoridades del SIS.
En un encuentro en el que intevinieron la ministra de Economía, María Antonieta Alva, el ministro de Salud, Víctor Zamora, y la jefa del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti, además de representantes del gremio de las clínicas y del SIS, así como el secretario del Acuerdo Nacional, Max Hernández; los presentes apelaron al bien común, a la situación de emergencia sanitaria, a los valores en juego, y a la vida de millones de peruanos, para arribar a un acuerdo.
También tomó la palabra el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio,quien apeló a la fe de los asistentes para que concordaran criterios para salvar vidas.
El monto de 55 mil soles incluye todos los gastos derivados del tratamiento del enfermo por el COVID-19 por las clínicas privadas en todo el país. De la misma se estableció un sistema de monitoreo para verificar el cumplimiento de la atención de los infectados porel nuevo coronavirus.
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Sin duda, el consenso se produjo motivado por la intervención del presidente Vizcarra en la conferencia de prensa del mediodía del miércoles, en la que cuestionó que las clínicas privadas rechazaron la propuesta del gobierno para aceptar una tarifa social en una reunión del martes de esta semana.
“El gobierno y las clínicas privadas no se ponen de acuerdo. Ayer hubo una reunión entre funcionarios de salud y clínicas. En 48 horas, si no se ponen de acuerdo, pensando en la salud invocaremos al artículo 70° de la Constitución”, expresó Vizcarra.
La ley manda
Fuentes del Ejecutivo consideran que los 97 mil soles es una suma que busca lucrar con la situación de emergencia, por lo que fue desestimada la oferta de las clínicas privadas.
El artículo 70° de la Constitución que ha invocado el presidente Vizcarra señala lo siguiente: “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”. Sin embargo, Vizcarra luego acararía que no había mencionado que habría expropiación.
En esta línea, el Ejecutivo aplicaría la Ley General de Salud 26842, en cuyo artículo 82° faculta asumir el control de las clínicas privadas. Dice: “En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes”.
El jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), el doctor Moisés Rosas Febres, confirmó que su institución planteó costos en función de un estudio pormenorizado.
“Es importante hacer notar que el vocero de la Asociación de Clínicas del Perú declaró que se habrían atendido a 530 personas, lo que les habría generado una deuda de 16 millones. Por simple aritmética, si se divide los 16 millones entre 530 pacientes, el resultado es de 30 mil soles, que es lo que costaría en promedio la cobertura de un paciente COVID-19, según sus propias cifras”, refirió el jefe del SIS. En la última hora del miércoles, las clínicas aceptaron la tarifa plana de 55 mil soles.
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La República, en el mismo momento que Vizcarra ofrecía su mensaje conminatorio, recogió testimonios de personas afectadas por los aplastantes costos de las clínicas.
Edwin Tello Encarnación, de 53 años, fue coaccionado a firmar su alta voluntaria el último martes pese a que un día antes el médico le informó que no se encontraba “lúcido”. Tello llegó el 25 de mayo a la clínica San Felipe, de Jesús María, por insuficiencia respiratoria, y desde entonces su familia no supo a ciencia cierta cuál era su evolución. “No tuve ningún tipo de informe hasta el 1 de junio que me dijeron que se había descompensado, y al día siguiente ya estaba entubado “, declaró su esposa, Elizabeth Sotelo. Ella tuvo que pedir préstamos y vender sus artefactos para poder pagar los 100 mil soles de garantía que le pidieron para atender a su esposo.
El último martes Elizabeth Sotelo fue citada por la clínica para tratar los temas económicos de la hospitalización. Le manifestaron que tenía una deuda de 258 mil soles por 24 días en cama UCI y más de 43 mil soles en material quirúrgico. O sea, 12 mil 541 soles diarios.
“Yo traje a mi tío a la clínica San Felipe y entró caminando. Ahora está débil, demacrado, no se puede ni parar. Llegó a la casa con el pañal sucio, asustado y llorando”, dijo Lexaida Tello, su sobrina.
La familia del taxista José Gaitán Sánchez, de 40 años, lo trasladó a la clínica San Pablo. Lamentablemente, Gaitán falleció. Ante la desesperación por retirar el cuerpo de la clínica, la familia firmó un documento en el que aceptan el pago de 12 cuotas de 7 mil soles, montos que no pueden desembolsar. Adeudan 84 mil 497 soles.
“Cuando llegamos a la clínica, me dijeron que justo se acababa de liberar una cama y que teníamos que dar 50 mil soles. Nosotros, con el fin de que se estabilice mi cuñado, juntamos ese dinero”, relató Melisa Zamudio: “Luego empezaron a pedir 90 mil, 180 mil y así hasta que llegó a 250 mil. Cuando ya teníamos algo del monto, nos llamaron el primero de junio para decirnos que había fallecido”. Para retirar el cuerpo del occiso, la familia tuvo que abonar parte de la deuda.
“Nos dijeron: ¿Quieres retirar el cuerpo? Ok. Tienen que pagar el total de 200 mil soles ahorita. Le dije que no contaba con ese monto. Me respondió: Entiendo, entonces ven mañana, pero te aconsejo que no te presentes con las manos vacías, tienes que venir mínimo con 70 mil soles”, expresó Erick Gaitán, hermano del fallecido.
El acuerdo en la última hora de la noche del miércoles salvará miles de vida.
“El artículo 820 de Ley de Salud es lo más conveniente”
El artículo 700 de la Constitución permite al Ejecutivo presentar un proyecto de ley al Congreso pidiendo que las clínicas pasen a propiedad del Estado por necesidad pública debido a la pandemia, explicó el constitucionalista Omar Cairo.
“No es un procedimiento breve. Si el Congreso aprueba el proyecto, antes de publicada la ley se debe abonar la indemnización justipreciada a los dueños. Es decir, es una venta forzada”, señaló.
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Cairo más bien sugirió la aplicación del artículo 82° de la Ley General de Salud, porque “permite que el Estado, en caso de epidemias, disponga de todos los recursos médicos asistenciales públicos y privados. Entonces, el Gobierno puede en virtud de ese artículo asumir la administración de las clínicas en todo lo que concierne a la pandemia del COVID-19, mientras dure el combate contra esta enfermedad”, indicó Cairo.
El dato
Impacto. Alicia Abanto, adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, informó que al menos hay 1.200 personas hospitalizadas en clínicas.
Otra realidad. Dijo que las personas creen que su seguro cubre todo, cuando solo es la cuarta parte.
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