Comunidades en peligro: Gobierno descuida medidas ambientales para favorecer reactivación minera

Las disposiciones planteadas por el Ejecutivo para promover la reactivación económica en materia de actividad minera ponen en riesgo la salud de comunidades en distintas regiones del país, según reportó un pronunciamiento publicado el último viernes 5 de junio por organizaciones de monitoreo ambiental de la Red Muqui.

Las comunidades denuncian que las medidas del Gobierno apuntan a privilegiar el incentivo de la minería, sin tomar en cuenta los riesgos que implica esta actividad mientras se prolonga el estado de emergencia por la crisis sanitaria. Estas acciones, en el marco de la pandemia de COVID-19, amenazan no solo a la población ubicada en zonas cercanas a proyectos mineros, sino también a trabajadores de las propias empresas.

En efecto, en una de las últimas disposiciones emita en mayo, se determina exonerar a las empresas mineras de presentar reportes de monitoreo y “cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique trabajo de campo”. Aquello se lee en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1500, cuyo propósito es brindar una serie de facilidades temporales.

Asimismo, en el artículo 8 del mismo documento, se dispone limitar las acciones sancionadoras ante posibles irregularidades. De ese modo, el plazo para pago de multas ha sido extendido, recortando las exigencias y la capacidad penalizadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Institucionalidad ambiental debilitada

De acuerdo a Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, el ánimo que muestran las autoridades gubernamentales por reestablecer la economía en el país deja de lado un aspecto sustancial para la convivencia social: la institucionalidad ambiental. Con ello, dar privilegio a la minería está dando como resultado un escenario peligroso para diversas comunidades.

“Todas las medidas planteadas hasta ahora priorizan las actividades mineras. Se ha relajado la institucionalidad ambiental desde que empezó la cuarentena. Incluso se ha hablado de retomar proyectos como Tía María y Conga, cuando han sido rechazados socialmente”, señaló en declaraciones para La República.

Pero eso no es todo. La capacidad de respuesta también ha disminuido, en un contexto aletargado por la emergencia sanitaria. Las denuncias no han dejado de llegar durante los últimos meses, reportando alarma por una situación que, además, es agudizada por una fiscalización ineficiente.

“Hemos recibido denuncias en Cerro de Pasco, en Moquegua y en Puno, por relaves que dejan el agua amarillenta y afectan a las comunidades en esas regiones. En esos casos, OEFA dijo que iba a acercarse, pero no ha habido respuesta inmediata hasta ahora”, reveló Borda.

El registro, no obstante, aún queda corto. Miembros la Red Muqui vienen trabajando en una sistematización de todas las denuncias que han recibido recientemente. Las estimaciones apuntan a que no solo estas tres regiones están viendo afectadas sus comunidades, considerando la ausencia de supervisión por parte de las autoridades.

Para ello, es vital tomar en cuenta que el problema ambiental no solo es generado por la gran minería, sino también por emprendimientos de menor tamaño. “En el norte de Puno, por ejemplo, hay mediana y pequeña minería que generan residuos y relaves que contaminan el agua”, agregó el especialista.

Trabajadores mineros en riesgo

En abril, a través de una resolución, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer el “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en el marco de las acciones del traslado de personas de las unidades mineras y unidades de producción”, donde se detallan los requisitos que deben cumplir las empresas mineras al momento de poner en actividad a sus empleados.

Sin embargo, pese al reglamento de control sanitario que plantea dicho documento (R.M. N° 111-2020-MINEM-DM), los casos de contagio de COVID-19 entre trabajadores de empresas mineras han continuado en aumento a lo largo de las semanas desde que se desató la pandemia.

“Los protocolos sanitarios de la fase 1 y la fase 2 de la reactivación económica no han sido claros. Lo que se ha hecho ha sido dejar a la voluntad de las empresas mineras la toma de pruebas [de COVID-19]. Hasta el momento, sabemos que 800 trabajadores mineros están contagiados. Esto pasa porque no se están haciendo las pruebas de descarte”, explicó Jaime Borda a este medio.

Ante ello, el pronunciamiento de las organizaciones que conforman la Red Muqui enfatiza que deben tomarse medidas inmediatas para contrarrestar un escenario en donde “muchas empresas mineras han cometido abusos a los derechos humanos, a la salud y el ambiente”.

Participación ciudadana en aislamiento

Por su parte, la comunicación también parece recorrer un camino inviable. La crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus dificulta la interacción entre las comunidades y los voceros de las empresas mineras, debido a las medidas de aislamiento social. Frente a un panorama así, es comprensible que mecanismos como la consulta previa se hayan visto menoscabados.

“Se ha reducido la participación ciudadana. En cuanto a la consulta previa, se ha dicho que debe ser de manera virtual. Pero muchas comunidades no tienen acceso a internet”, aseveró el secretario ejecutivo de Red Muqui.

Con todo, la situación plantea un desafío enorme para el Perú. Ahora más que nunca, hay innumerables de vidas en juego, y las autoridades políticas del país tendrán que decidir si optan por continuar con medidas que priorizan la estabilidad económica y dejan de lado la salud de millones de peruanos.