Negaron atención hospitalaria a tres niñas víctimas de violencia sexual

A pesar del dolor y el trauma de haberse convertido en víctimas de violencia sexual, a tres niñas se les negó la atención médica en hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), en el mes de enero. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo exige que el sector salud adopte las medidas necesarias para que el personal de todos los establecimientos de salud no revictimicen a las mujeres que padecieron este tipo de ataques.

En el mes de enero, la Defensoría del Pueblo atendió tres quejas por casos de niñas que fueron víctimas de violencia sexual. Cuando ellas acudieron a los servicios de emergencia de los hospitales Sergio Bernales en Comas, Cayetano Heredia en San Martín de Porres y el Hospital de Andahuaylas en la ciudad del mismo nombre, se les negó la atención señalando que la atención le correspondía al Instituto de Medicina Legal.

Por ello, la exigencia defensorial señala que el personal de salud debe cumplir el Protocolo de actuación conjunta entre los los Centros Emergencia Mujer – CEM y los Establecimientos de Salud para la atención de víctimas de violencia contra la mujer, en el marco de la Ley N° 30364 y personas afectadas por violencia sexual.

El referido protocolo garantiza la atención del equipo especializado en salud mental así como de los servicios de ginecología, urología, pediatría, cirugía, medicina interna o el servicio que sea requerido para el restablecimiento de la salud de la víctima.

Revictimización de afectadas por violencia sexual

Matilde Cobeña Vásquez, adjunta para la Niñez y Adolescencia, manifestó que este tipo de actos afecta gravemente la salud e integridad de las niñas y adolescentes y en general de todas las víctimas de violencia sexual, colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, señala que estos hechos evidencian la falta de conocimiento del protocolo por parte del personal que presta servicios de salud en los establecimientos de todo el país.

En ese sentido, también se demanda al Minsa que, en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud, se difunda adecuadamente el protocolo y fortalecer las capacidades del personal para que conozcan sus obligaciones en los casos de atención a víctimas de violencia sexual.