Gobierno: Caso McDonald’s llegará “hasta las últimas consecuencias”

Informe

Salarios muy por debajo del mínimo legal. Sueldos mezquinos. Contratos temporales sin estabilidad. Horas extras no remuneradas. Empleos sin planilla, CTS, seguro de salud, ni otros beneficios obligatorios. Condiciones laborales no adecuadas, peligrosas, mortales. Y la larga lista continúa.

La muerte de dos jóvenes trabajadores de McDonald’s, tragedia ocurrida el domingo pasado, ha provocado que cientos de personas se animen a relatar las terribles experiencias vividas en sus empleos. El problema, sin embargo, está lejos de ser solo una suma de historias individuales.

Por el contrario, existen varios estudios que han documentado la desfavorable situación laboral de los jóvenes peruanos, al grado que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado al Estado peruano que implemente políticas para protegerlos de los empleos precarios.

En parte, el problema ha sido reconocido por el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, al anunciar que el Consejo de Ministros ya está evaluando reformas normativas para evitar que se repitan casos como el de McDonald’s.

"Tenemos que ser autocríticos como sociedad. No podemos permitir que ocurran este tipo de accidentes y que no pase nada, que al final todo se traduzca en una multa", declaró ayer el mandatario.

Sin dar detalles, Vizcarra agregó que los cambios anunciados permitirán que el Estado tenga mejores herramientas para "atender a las familias" de las víctimas, ya que en la actualidad solo pueden ser indemnizadas por la vía judicial. También se buscará "ejecutar un mejor control a las empresas".

Sobre el mismo tema se pronunció la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres. “Están entrando a revisión un conjunto de normas por resultar insuficientes o porque el control tiene que ser más exhaustivo. El día lunes vamos a dar un mayor alcance y el anuncio de las medidas que se van a aprobar”, adelantó la funcionaria.

Cáceres dijo también que no le “temblará la mano” al aplicar las sanciones contra McDonald’s, cuya franquicia en Perú es operada por Arcos Dorados. “Las familias de Alexandra y Carlos, así como todo el país, deben tener la seguridad de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Las sanciones que se van a imponer serán las más drásticas”, declaró.

Al respecto, es oportuno recordar que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha precisado que la multa máxima que puede recibir la empresa es de S/ 189 mil. A la ministra Cáceres se le preguntó si la franquicia sería expulsada del país, pero obvió la respuesta.

"Este es un nivel en el que, determinadas las responsabilidades, se imponen sanciones de carácter administrativo, pero está la vía civil y la vía penal. El informe de Sunafil va a ser sin duda, muy útil, cuando esté disponible, a efectos de que estas otras sanciones se puedan imponer", finalizó Cáceres.

Indagaciones en curso

Como parte de la investigación que se sigue por la muerte de Alexandra Porras Inga (18) y Carlos Gabriel Campos Zapata (19), los representantes de Arcos Dorados comparecieron ayer ante los funcionarios de Sunafil. La diligencia se inició a las 8:30 de la mañana y se extendió hasta horas de la noche.

“Se les ha solicitado toda la información vinculada a sus contratos y a las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Esta diligencia es fundamental, por eso es importante que se haga con la mayor rigurosidad y minuciosidad”, explicó Juan Carlos Requejo, jefe de Sunafil.

En ello coincidió la ministra, quien recalcó que la elaboración del informe final debe ser en extremo cuidadosa para que su contenido no pueda ser cuestionado más adelante.

Los datos recabados en la comparecencia, agregó Requejo, se sumarán a los informes generados por la Policía y el Ministerio Público, lo que permitiría “cerrar la investigación en los próximos días”. El plazo máximo que tiene la entidad para presentar el informe final es de 30 días.

Requejo indicó que el objetivo principal es “esclarecer el accidente”, pero que de forma adicional se han abierto “investigaciones complementarias” sobre otras denuncias que han circulado esta semana. La República pudo conocer que Sunafil ha inspeccionado otros 20 locales de McDonald’s.

Empleos precarios

En abril de este año, a solicitud del Estado peruano, la OCDE publicó un reporte sobre la situación laboral de los jóvenes entre los 15 y 24 años. Entre sus conclusiones, el documento señala que “el principal desafío en Perú no es la falta de empleos”, sino “la falta de empleos de calidad”, lo que es “preocupante”.

De acuerdo con el estudio, la mayoría de jóvenes peruanos no pueden costear sus obligaciones si no tienen un trabajo, por lo que muchos de ellos se ven obligados a tomar empleos precarios de "último recurso".

Al comparar 11 “economías emergentes”, la OCDE concluye que Perú se encuentra entre los cuatro países con “menor calidad de ingresos” para los trabajadores jóvenes. En el indicador referido a la “calidad del ambiente de trabajo”, se ubica en el puesto 5 de 10.

En el 2018, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) publicó un informe sobre el mismo tópico. Allí se indica que el 40% de los jóvenes pobres cumplen una “jornada normal”, pero reciben un salario por debajo del mínimo legal. También se señala que 8 de cada 10 jóvenes no tienen un seguro de salud.

En la misma línea, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicó una encuesta sobre las desigualdades en la juventud de Lima Metropolitana y el Callao. La conclusión es arrolladora: el 43% de los jóvenes con trabajo no tiene un seguro de salud ni está en planilla. Los resultados sobre la calidad de trabajo, el nivel de las remuneraciones y los beneficios laborales tampoco son alentadores (ver infografía).

Así, es claro que la precariedad laboral para los jóvenes parece haberse normalizado. Y cambiar esa realidad no solo incumbe al Estado, sino sobre todo a las empresas.

OCDE recomienda políticas para proteger a los jóvenes

En relación con la precariedad laboral, la OCDE señala que una de las prioridades del Perú es “proteger a los trabajadores en el contexto de la baja calidad del trabajo”. Sin embargo, se advierte que una regulación mal diseñada puede “obstaculizar la economía” y desalentar el flujo hacia trabajos más productivos.

La OCDE también señala que se deben plantear mejoras a la regulación de los contratos temporales, pues, al no existir una duración máxima acumulada, los empleadores los utilizan para precarizar la relación laboral.

El sindicato de Sunafil recomendó al Ministerio de Trabajo derogar el Decreto Supremo 007-2017-RT, que aprobó diversas modificaciones a Ley General de Inspección del Trabajo. Según su evaluación, esa norma establece que las empresas solo pueden ser inspeccionadas, en el curso del año, una sola vez por la misma materia.

Descargo

Se cuidan. Un portavoz de Arcos Dorados dijo a Reuters que 29 locales de McDonald’s permanecerán cerrados para realizar una inspección interna.

Sin plazo. El vocero también indicó que la revisión podría tardar “horas o días”.