Poder Judicial pide a jueces respetar plazo de detención en audiencias de prisión preventiva

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) exhortó a los jueces de la Corte Superior de Justicia Penal Especializadas a cumplir el plazo máximo de la detención preliminar y plazo razonable del proceso en las audiencias de prisión preventiva con detenido.

En un informe elaborado y suscrito por la magistrada de control Yessica Paola Viteri Valiente, integrante de la Unidad de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la ANC-PJ, se indica que se han “identificado casos de detención por plazos excesivamente mayores al establecido en el Código Procesal Penal y la Constitución Política, sin que se resuelva su situación jurídica”.

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Junto a la exhortación, la referida unidad de procedimientos administrativos ha propuesto sancionar con seis meses de suspensión al juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano Romero por mantener en "custodia" por 76 días a cinco procesados del caso Valkiria XI, hasta que concluyeron las audiencias de prisión preventiva.

Jueces mantienen a los procesados en "custodia"

La exhortación no fue bien recibida por los jueces de la Corte Penal Nacional que consideran que la Autoridad de Control no está entendiendo la complejidad de los casos que ve esta jurisdicción especializada. Casos que, por la cantidad de procesados y el tipo de delitos, es difícil resolver, dicen, la situación jurídica de un detenido dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud de prisión preventiva. Además, que la fiscalía presenta el pedido el último día de detención preliminar.

Dicho informe menciona tres casos, reportados por la Defensoría del Pueblo, donde la detención se prolongó más allá de los 15 días fijados en la resolución judicial de detención preliminar.

En el caso “Tarjeteros del Norte” el juez de investigación preparatoria dictó 10 días de detención preliminar, pero permanecieron retenidos en “custodia” durante un total de 73 días hasta que el juez Richard Concepción Carhuancho resolvió su situación jurídica. El fiscal César Augusto Changa Echevarria del Equipo 4 de la Segunda Fiscalía Corporativa contra la Criminalidad Organizada, pidió la detención preliminar y luego la prisión preventiva.

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Mientras, en el caso “Los Carniceros de Satipo” contra los que se dictó 15 días de detención preliminar, permanecieron en calidad de retenidos por 8 días adicionales, hasta que el juez Ubaldo Callo Deza, les dictó prisión preventiva .

Un tercer caso mencionado en el informes es el caso Valquiria XI que involucró a cinco ex asesores y colaboradores de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. El juzgado de investigación preparatoria les impuso 15 días de detención preliminar, pero permanecieron privados de su libertad otros 76 días, hasta que el juez Raúl Justiniano dictó contra tres de ellos prisión preventiva y los dos fueron liberados.

Respetar el debido proceso y el plazo razonable

“El informe de la Defensoría del Pueblo nos revela que existe un patrón de conducta por parte de algunos magistrados de la Corte Nacional Especializadas, que en el marco de sus atribuciones, no estarían garantizando el plazo máximo estrictamente necesario de detención”, precisa la ANC-PJ.

“Hubo procesos -continúa- en las que algunas personas estuvieron indebidamente detenidas por un plazo excesivamente mayor al establecido en la Constitución y el Código Procesal Penal, bajo la figura de "custodia’”. La Autoridad de Control subraya que “algunos jueces no estarían realizando un debido control de las secuencias de la audiencia de Prisión Preventiva, las cuales se ven prolongadas hasta por meses, manteniendo privados de su libertad a las personas de manera arbitraria”.

En otro parte del documento, la ANC-PJ indica que si bien es posible que la situación jurídica de un detenido no se pueda resolver en las 48 horas posteriores a la presentación del pedido de prisión preventiva, esto no es excusa para que las audiencias se prolonguen en exceso.

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Para algunas autoridades del Poder Judicial uno de los motivos por los que el Gobierno y el Congreso han “borrado” la detención preliminar de nuestras normas legales, es por los excesos que algunos jueces habrían cometido en su ejecución durante las audiencias de prisión preventiva. Por tal motivo, buscan establecer que las autoridades judiciales si pueden sancionar cualquier exceso que se podría haber producido.

Este sería el motivo del pedido de la Autoridad de Control del Poder Judicial para que se imponga una sanción al juez Raúl Justiniano y la llamada de atención a todos los jueces de la Corte Penal Nacional.  El debate de la detención preliminar sigue estancado en el Congreso, después que el Ejecutivo observó la ley del Congreso que restableció su vigencia.