Las investigaciones deben seguir con fiscales de Derechos Humanos

La decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de crear un equipo especial para investigar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte ha generado desconfianza entre las víctimas y la casi certeza, para sus abogados, de que la autoridad busca impunidad.

Este es el temor que expresaron ayer familiares de las víctimas, representantes de las asociaciones de víctimas de Ayacucho, Cusco y Juliaca y abogados de organismos defensores de los DDHH en conferencia de prensa.

Los antecedentes difícilmente permiten creer en las palabras de la fiscal Benavides de que su intención es agilizar las investigaciones. El experimentado abogado Carlos Rivera del IDL advierte que de los ocho fiscales que integran el equipo especial, solo uno tiene experiencia en investigar casos de derechos humanos. Los otros siete solo conocen de procesos por delitos comunes.

PUEDES VER: José Williams: “Un intento de vacancia en este momento no es adecuado”

Un segundo aspecto, resalta la abogada de la CNDDHH, Mar Pérez, es el manoseo de los expedientes. En un lapso de 90 días, esta es la tercera vez que las carpetas cambian de manos, lo que no permite un avance de las investigaciones y facilita que las autoridades militares, policiales y del Gobierno oculten información y evidencias vitales para esclarecer los hechos.

Exigimos a la fiscal de la Nación parar con el manoseo político de estos casos. Ante la situación de incertidumbre permanente, lo que verdaderamente generaría confianza es que las investigaciones continúen en las fiscalías de DDHH, que deben ser fortalecidas, y no como sucede ahora que se les debilita, precisó Pérez.

Carlos Rivera recuerda que, en Puno, recién el tres de marzo último se había creado una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la que empezó a recopilar la información sobre las muertes en Juliaca y Puno, pero que ahora se le deja de lado.

PUEDES VER: Masacre en Ayacucho: hablan los sobrevivientes

Ese día en Puno, la fiscal de la Nación también aseguró que la creación de dicha fiscalía buscaba dar celeridad a las investigaciones, que hasta ese momento estaban a cargo de una fiscalía provincial penal y, antes, de las fiscalías de crimen organizado.

Ahora, subraya el abogado del IDL, las carpetas deberán ser enviadas a Lima, lo que genera que todas las diligencias ya programadas en Ayacucho, Juliaca y Cusco se suspendan, todo se paralice, hasta que los nuevos fiscales tomen conocimiento de los hechos y establezcan sus propios criterios de investigación.

El abogado de Fedepaz, David Velasco señaló que en Juliaca ya se había programado la visualización de videos que permitirían empezar a identificar a los agresores directos y se empezaría a citar a los militares implicados.

PUEDES VER: Mirtha Vásquez sobre Dina Boluarte: "Ha provocado violaciones a los derechos humanos y tendrá que responder"

Queremos justicia

Por su parte, Ruth Barcena, de la Asociación de Familiares de la Masacre de Ayacucho, señaló que la Fiscalía de dicha ciudad ya había empezado a citar a declarar a los jefes militares para que declaren sobre la represión, cuando se produce esta decisión de remitir los expedientes a Lima.

Anotó que el Ministerio Público debió consultar con las víctimas antes de tomar la decisión de trasladar los casos a Lima y, en todo caso, explicarles cuáles eran los motivos concretos y reales por los que se ha tomado esta decisión.

De la misma opinión es Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca. Traer los expedientes a Lima, dice, genera incertidumbre y el temor de que en realidad se busque la impunidad para las personas que ordenaron disparar contra los manifestantes, que defendían sus derechos.

PUEDES VER: Dina Boluarte felicita al Congreso por denegar moción de vacancia en su contra

Víctimas deben participar

Otro factor que incrementa la desconfianza en el equipo especial es la propia actuación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la investigación a la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas. Benavides se opone a que las víctimas y sus abogados participen en los interrogatorios.

San Marcos

Declaración. La coordinadora del nuevo equipo especial, Marena Mendoza, defendió la posición del Gobierno de que la intervención a la universidad de San Marcos contó con la participación del Ministerio Público, cuando fue público que ellos llegaron después.

Reacciones

Lady Quispe, hermana de herido

“Mi hermano no participaba en la protesta. La policía le dispara y le perfora el pulmón. Está grave, postrado en cama. Las víctimas queremos que las investigaciones sigan en Juliaca”.

Ruth Barcena, Víctimas de Ayacucho

“Las investigaciones deben seguir en Ayacucho, nosotros debemos estar cerca. La Fiscalía nunca nos consultó de este cambio ni sabemos los motivos por los que se tomó esa decisión”.

PUEDES VER: Congreso bloquea vacancia y reafirma pacto con Dina Boluarte

Raúl Samillán, Víctimas de Juliaca

“La Fiscalía de la Nación debería reforzar las fiscalías de DDHH y permitir que las investigaciones sigan en Juliaca. Los familiares de las víctimas y los heridos son gente humilde que verán difícil venir a Lima”.

Víctor Salas Twanama, herido en Lima

“Me reventaron la cabeza con una bomba lacrimógena. Si bien tuve la suerte de sobrevivir, ahora tengo secuelas que me impiden realizar mi trabajo de carpintero. Espero que haya justicia para todos”.

Mar Pérez, abogada

“Exigimos a la fiscal de la Nación parar con el manoseo político de los casos. Las investigaciones deben permanecer en las fiscalías de DDHH que tienen experiencia y no se les debe debilitar”.