Fiscalía inicia investigación contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por genocidio y homicidio

La Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el titular de la PCM, Alberto Otárola, y los ministros Víctor Rojas (Interior) y Jorge Chávez (Defensa) por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Despacho de Patricia Benavides dispuso la diligencia tras el registro de 17 muertes producto de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en Juliaca, Puno.

“La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó el Ministerio Público.

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En la investigación preliminar también se encuentra incluido el primer jefe de gabinete del Gobierno de Dina Boluarte, Pedro Angulo, y el exministro del Interior César Cervantes.

En paralelo al anuncio del comienzo de la investigación preliminar contra la jefa de Estado y el titular de la PCM, en el Congreso se debate el voto de confianza planteado por Otárola tras exponer la política general del Gobierno.+

Alberto Otárola respalda fuerzas del orden pese a fallecidos

Al inicio de su exposición ante el Pleno del Congreso, el primer ministro Alberto Otárola aseguró que el Gobierno respalda “totalmente” a la Policía a pesar de los fallecidos producto de la represión.

“Respaldamos totalmente a nuestras fuerzas policiales que están a cargo del control del orden público durante el estado de emergencia, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y declaramos que el Gobierno sigue sólido, enfocado en su plan de acción política para pacificar el país, realizar la transferencia del poder vía elecciones generales y reactivar la economía nacional”, dijo Otárola.

Inmediatamente, el jefe del gabinete indicó que no representa “un régimen autoritario” ni se opone a la legítima protesta.

“Pero, como Estado, tenemos la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos, actuando en consecuencia. Y lo vamos a seguir haciendo, porque unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional, y menos valiéndose de métodos violentos. Tengan la seguridad de que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este Gobierno no va a ceder al chantaje de la violencia”, indicó.