El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró, este jueves 13 de octubre, la incompetencia para resolver el recurso de amparo del presidente Pedro Castillo contra el Congreso y elevó la demanda a la Sala Constitucional.
Disposición se fundamenta en la Ley 31583 que establece que las demandas de amparo que se interponen contra decisiones de órganos del Parlamento son competencia de “la Sala Constitucional o, si no lo hubiere, la sala civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva”.
“El conocimiento de la demanda es de competencia de la Sala Constitucional y no de este Juzgado Constitucional, por lo que corresponde a dicho órgano jurisdiccional conocer en primera instancia la demanda; por tanto, este juzgado declara la incompetencia por razón de la función o grado”, se lee en la resolución.
Ahora, es un colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima la instancia que resolverá el pedido del jefe de Estado para anular el informe final de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Sarratea, la acusación constitucional por el presunto delito de traición a la patria y la eventual moción de vacancia promovida por el parlamentario Edward Málaga.
En esencia, el mandatario pide que “se ordene al Congreso de la República a que se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en su contra”.