Ministerio Público solicita 5 años de prisión contra gobernador regional del Callao

El 23 de agosto, la Fiscalía de la Nación solicitó que el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, cumpla una condena de cinco años y 11 meses de prisión por presuntamente ser responsable de haber cometido el delito de colusión agravada.

Esta petición fue realizada por el fiscal adjunto provincial Marcelo Fernández Vásquez del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

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Otras medidas restrictivas también fueron requeridas para otros funcionarios del gobierno regional de la provincia constitucional.

Para el gerente general del GORE Callao, Jaime Romero Bonilla, y para el gerente de Administración, Lino Antonio Vigil Delgado, se pidió una pena privativa de la libertad similar a la de Mandriotti, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años y 11 meses. Asimismo, se solicitó 364 días multa para ellos y para el gobernador regional.

Desde la Fiscalía, penas de 10 años de prisión efectiva y 500 días multa se requirieron para los siguientes funcionarios: el jefe de la Oficina de Logística, Eli Augusto Caqui de los Ríos; y el especialista del Área de Logística, Daniel Jesús Villalobos Sampén. Dichas condenas también recaen en las proveedoras de servicios Karen Martínez y Julia Elena Del Castillo Pancorvo.

¿A qué se debe la solicitud de la Fiscalía?

Los funcionarios del gobierno regional chalaco son sindicados por el Ministerio Público de presuntamente haber sobrevaluado la contratación de servicios no justificados en el marco del XI GORE Ejecutivo, en el 2019, en los cuales se invirtió un total de 118.900 soles. Dicha acción habría causado un perjuicio de 32.348 soles al Estado peruano, según refiere la tesis presentada por la Fiscalía.

Entre las pruebas presentadas para sustentar la acusación se incluyen una hoja de evaluación emitida por el Órgano de Control Institucional del Callao (OCI), que data del 20 de agosto de 2019. En dicho documento, se concluye que existió una sobrevaloración en dos servicios brindados en el GORE Ejecutivo 2019.

El primero de estos es el de “Análisis, preparación de propuesta de elementos y actividades integradas en la realización del XI GORE Ejecutivo”, del cual se señala que fue sobrevaluado en 100%, mientras que en el caso del servicio de “Registro multimedia y reporte audiovisual del XI GORE Ejecutivo” existió un 200% de costo no justificado.

Por otro lado, el Oficio n.° D000696-2019-PCM-PP, de la Presidencia de Consejo de Ministros, indica que los gastos del XI GORE Ejecutivo fueron solventados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo el proyecto “Gestión territorial del desarrollo”. Asimismo, en este papel se aclara que no se pidió al Gobierno Regional del Callao alguna clase de apoyo en cualquiera de los aspectos del evento.