Según los juristas, penalizar filtración judicial afecta derecho a informarse

Para el ex defensor del Pueblo Walter Albán, la abogada constitucionalista Maritza Quispe (IDL) y el abogado y periodista Andrés Calderón, el proyecto del Ejecutivo que penaliza la filtración de la información penal vulnera el derecho de la población a mantenerse informada sobre hechos de interés público, además de perjudicar la labor periodística.

“Es una norma de amedrentamiento, es una mordaza y por eso se ha calificado bien como una ley que atenta contra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a mantenerse informados, sobre todo cuando se trata de investigación que involucra a gente que están en el poder”, dijo Albán.

El jurista sostuvo que el proyecto tiene una “connotación de cierto cinismo”, al señalar que se quiere poner freno a las investigaciones y, en especial, a las que se refieren al entorno presidencial e incluso al propio presidente Pedro Castillo.

Incluso, advirtió que si bien los periodistas no han sido mencionados expresamente en el proyecto, podrían ser comprendidos en calidad de cómplices en las investigaciones y eventualmente ser sancionados.

Planteó que habría que reducir los márgenes de la reserva en el proceso penal y no ampliarlos como lo quiere hacer este proyecto.

“Sí hay una vulneración del derecho de todo ciudadano de mantenerse informado. Quieren penalizar a las fuentes y perjudicar la libertad de expresión que tienen los periodistas”, coincidió la constitucionalista Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Consideró además que el proyecto es “desproporcionado” porque eleva al ámbito penal la filtración de información, cuando hoy existen sanciones administrativas que pueden inhabilitar a un funcionario del sistema judicial cuando revela información reservada.

En términos penales, Quispe explicó que el periodista no se vería afectado porque hay una obligación de estos a guardar silencio sobre la identidad de sus fuentes.

Precisó también que el derecho a la reserva de la identidad de las fuentes es un derecho fundamental que se desprende del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de los artículos 2.4 y 2.8 de la Constitución.

Por su parte, el abogado Andrés Calderón -en declaraciones al Consejo de la Prensa Peruana- afirmó que el proyecto es una “mordaza” que se pone directamente sobre jueces, fiscales, investigados y sus defensores, pero que alcanza también a los periodistas y que perjudica finalmente a la población, que no conocerá información relevante.

Dijo que es nocivo porque presume que toda información sobre un proceso penal deba ser secreta, cuando la regla debe ser la publicidad conforme a la Constitución, y la reserva es la excepción. Asimismo, consideró que es probable que se quiera implicar a los periodistas como cómplices o instigadores del delito.

Agregó que al sancionar penalmente a las partes del proceso, se impide que ellas puedan defenderse públicamente y genera un desincentivo para que hablen con la prensa.

CPP pide al Congreso que archive norma

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) pidió al Congreso que archive el proyecto de ley mordaza presentado por el Poder Ejecutivo. Indicó que, de lo contrario, la ciudadanía no podrá conocer, a través de los medios de comunicación las investigaciones fiscales que se siguen por casos de corrupción, entre ellos Lava Jato, Los Cuellos Blancos y los relacionados al presidente Pedro Castillo y su entorno.

“Si el Congreso aprobara este proyecto de ley, o cualquier otro de similar contenido, estaría blindando al presidente y a sus cercanos colaboradores hoy investigados por la fiscalía”, adviritó el colectivo.