Pedro Castillo: ¿tiene alguna responsabilidad el presidente por el secuestro de periodistas de “Cuarto poder”?

La distancia entre Palacio de Gobierno y la Fiscalía de la Nación parece ser cada vez más estrecha, con un presidente de la República investigado por el Caso Puente Tarata III y una lista —cada vez más larga— de prófugos que echan sombras sobre la actual gestión. A este complejo panorama se sumaría el secuestro de dos periodistas de “Cuarto poder”, quienes han atribuido cierta responsabilidad al mandatario Pedro Castillo y lo instaron a responder por lo acontecido en el distrito de Chadín, cuando en su calidad de hombres de prensa continuaban con su investigación sobre los presuntos ofrecimientos de obras de Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama, Lilia Paredes, en la región.

Durante una entrevista en Canal N, el periodista Eduardo Quispe extendió cierta responsabilidad por lo ocurrido hacia el jefe de Estado. “Más allá de cualquier entidad del Estado, el que debería responder por lo que ha sucedido ayer es el presidente por una razón básica. Quien se ampara en las rondas campesinas y en la justicia de las rondas campesinas es el propio presidente de la República. Quien siempre ha tenido un discurso azuzador contra la prensa es el presidente de la República”, declaró este jueves 7 de julio.

Ante la interrogante sobre si Pedro Castillo tendría alguna responsabilidad por lo cometido por un grupo de personas, que presuntamente pertenecerían a las rondas campesinas de Cajamarca, La República se comunicó con el abogado penalista Mario Amoretti, quien aclaró que desde el punto de vista penal no se puede —en este momento— imputar un presunto delito al mandatario. Él no puede ser señalado como un posible instigador.

“No, para nada. Los ronderos han tomado esa determinación por su cuenta. Si el Gobierno o alguien los ha inducido para que lo perpetren ya es otra cosa, pero eso deberá ser materia de investigación. Hacer una sindicación de que el presidente Castillo es el instigador y como está en Cajamarca, él (lo) hizo, (eso) no”, declaró.

En este sentido, se pronunció el Ministerio Público, que informó que la Fiscalía provincial de Bambamarca abrió una investigación por el secuestro que sufrieron los periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso a manos de los ronderos del distrito de Chadín. A través de sus redes sociales, la Fiscalía de la Nación comunicó que los agresores serán investigados por los delitos contra la libertad (secuestro) y patrimonio (hurto) en agravio de los reporteros.

Ante ello, Amoretti explicó que por el delito de secuestro puede recibir una pena de entre 20 y 30 años y por robo agravado de 12 a 20 años. Las penas son acumulativas.

“Secuestro y robo agravado. Secuestro porque han privado de la libertad a dos personas sin motivo alguno. Así sea cualquier motivo, en este caso lo hicieron para coaccionarlos a fin de que informen algo que no es cierto. En segundo lugar, robo agravado porque se han quedado con sus cámaras y ha sido perpetrado por más de dos personas”, agregó.

En cuanto a las responsabilidades políticas

Si bien aún es prematuro hablar sobre una posible responsabilidad penal, en el plano político, el Parlamento tiene claro que el camino será insistir con la presencia del nuevo ministro del Interior, Mariano González, ante el Pleno o frente a la Comisión de Fiscalización presidida por el fujimorista Héctor Ventura. Así lo dio a conocer, este jueves 7, la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, quien solicitó al presidente de este grupo parlamentario citar a González Fernández para que explique el secuestro de los hombres de prensa.

Al respecto, Alonso Cárdenas, politólogo y docente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), señaló —en entrevista con La República— que todavía no hay suficiente información clara respecto al caso acontecido en Cajamarca como para se disponga la búsqueda de responsabilidades en el Congreso: “Yo creo que todavía es prematuro. Las investigaciones deben seguir su curso. Ya el presidente a través de Twitter ha salido a condenar estos actos delincuenciales, también la asociación de rondas ha desconocido a las supuestas rondas que han secuestrado a los periodistas. La situación es todavía bastante incipiente”.

De la misma opinión es Mario Amoretti, quien dice que se debe esperar a que avancen las investigaciones en el Ministerio Público: “Sí se podría hablar de responsabilidades políticas, pero de ahí a que sean responsables como instigadores no, salvo que en el curso de la investigación se llegue a establecer que fueron instigados. Salvo que los ronderos lo digan. Eso tendrá que establecerse”.

En tanto, Alonso Cárdenas cuestionó que sea precisamente el Congreso el que levante la voz por lo ocurrido en Cajamarca, cuando semanas atrás impulsaron una ley que reconoce a los Comités de Autodefensa (CAD) y permite la entrega de armas a estos grupos por parte del Estado y privados: “Hace poco, el Congreso aprobó un proyecto de ley que autoriza que los comités de autodefensa vayan armados, que tengan la posibilidad de acceder a armas de fuego, lo que ha sido rechazado por los expertos en la materia. Así que el Congreso es corresponsable de esta situación al apoyar este tipo de normas”.

Un secuestro que sería un balazo al pie de Castillo

Alonso Cárdenas analiza lo ocurrido y considera que la noticia del secuestro de dos periodistas golpea de sobremanera la imagen del presidente Castillo, la cual ya se encuentra muy venida a menos por diferentes circunstancias. Aunque advierte que, si uno revisa el desempeño del jefe de Estado durante los últimos 11 meses de gobierno, encontrará que el autosabotaje parece ser un sello del mandatario.

“Por más que uno lo piense, ¿cuál sería la lógica del presidente y de su equipo de propiciar un acto así? No tiene ninguna lógica, sería básicamente dispararse al pie, pero viendo el desempeño de los últimos 11 meses, esa práctica de autosabotearse o dispararse al pie ha sido una constante del actual Gobierno y si no basta ver los nombramientos, las marchas y contramarchas en diferentes temas. Así que tampoco sería algo nuevo”, dijo.

Por otro lado, el experto en análisis político comentó que otra explicación podría ser que se trate de una emboscada para sabotear la imagen del jefe de Estado: “Haciendo la de abogado del diablo, también da a pensar que esto haya sido una especie de emboscada que se le quiere hacer al presidente de la República utilizando algunos ronderos que nadie conoce para tratar de sabotearlo más. Están esos dos escenarios: que haya sido una emboscada al presidente o que haya un error del presidente. Si tomamos lo ocurrido los últimos 11 meses, los dos tienen asidero”.