Congreso: parlamentarios fujimoristas intocables por faltas éticas
Otoronguismo. Congreso lleva más de un año sin aprobar suspensión de Luis Cordero, en caso de amedrentamiento y violencia contra su exesposa. También encarpetaron sanción para Juan Lizarzaburu y archivaron denuncia contra Héctor Ventura.
Las deficiencias en los procesos de investigación y sanción por faltas éticas no solo se han presentado en la comisión que preside Karol Paredes (Acción Popular). El espíritu de blindaje se hizo extensivo hacia la Mesa Directiva y el pleno del Congreso, particularmente, con respecto a tres miembros de la bancada Fuerza Popular.
El caso más prolongado de blindaje se presenta con Luis Cordero Jon Tay. Este legislador tiene una propuesta de suspensión por 60 días. El acuerdo fue aprobado en la Comisión de Ética, el 30 de mayo del 2022. Ha transcurrido más de un año y el fujimorista ha sido blindado olímpicamente durante las gestiones de María Alva, Lady Camones y José Williams.
Es más, el caso que dio lugar al proceso en la Comisión de Ética había sido denunciado entre noviembre y diciembre del 2021, por el dominical Panorama. Es decir, hubo también un estancamiento de cerca de medio año en la Comisión de Ética, antes de aprobar el informe final con la propuesta de sanción.
Panorama dio cuenta de una denuncia contra Luis Cordero Jon Tay por agredir físicamente a su exesposa, con patadas en el suelo. Asimismo, según la denunciante, el fujimorista filtró videos íntimos.
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“Hubo muchas ocasiones en las que me agredió, de las cuales yo tengo fotografías. Incluso, cuando postuló en el 2011, también para congresista, y yo lo acompañaba a todos lados, ahí también fue una agresión tan fuerte que mis brazos estaban amoratados. Todo el mundo lo sabe”, contó la exesposa.
Por tratarse de hechos anteriores a la elección de Cordero Jon Tay como congresista, la Comisión de Ética no investigó este extremo de la denuncia.
Pero ya elegido como congresista, Luis Cordero Jon Tay amedrentó a su exesposa, a través de un hombre de su confianza, para que no haga la denuncia pública. Fue por ello que el caso fue reabierto y dio lugar al informe final de Ética con la propuesta de suspensión.
Este informe había sido aprobado el 30 de mayo del 2022 y recién ingresó al Pleno el 30 de marzo de este año (con diez meses de retraso). Y no fue aprobado. Esto debido a que ese día José Luna sacó bajo la manga una cuestión previa para que el caso retorne a comisión.
Fueron 73 los votos que aprobaron el pedido. Hubo votos de blindaje incluso de legisladores considerados de izquierda, como Waldemar Cerrón y Alex Paredes.
Karol Paredes esperó más de dos meses y recién el 9 de junio sometió ante Ética un informe para ratificar la sanción. El caso ya no alcanzó al Pleno hasta el cierre de la legislatura.
Lizarzaburu y Ventura
Otro fujimorista protegido es Juan Lizarzaburu, quien tiene un informe aprobado en Ética, con la propuesta de amonestación y diez días multa.
Ante el grupo de Ética, este legislador apeló y el caso debería verse en el Pleno. Sin embargo, José Williams no puso a debate el tema. Esto, a pesar de que el informe estaba aprobado desde el 9 de junio.
Lizarzaburu fue sancionado por la agresión verbal lanzada en un pleno contra la wiphala. Durante el proceso, el fujimorista presentó en una audiencia pública a la historiadora Carmen Arellano, quien terminó por hundirlo.
El tercer caso corresponde a Héctor Ventura, quien fue blindado en la misma Comisión de Ética, que preside Karol Paredes. En esta instancia no hubo una investigación a profundidad y recomendaron declarar la denuncia como infundada.
El caso tiene que ver con la agresión física de Héctor Ventura contra el policía Santos Michell Ramírez Cabanillas, el 17 de noviembre del 2022.
Héctor Ventura llevó a una audiencia a los policías Javier Arquínigo Torres y Jorge Pizarro Mamani. El grupo de Ética tomó estos testimonios para sustentar el archivo. Sin embargo, la Inspectoría de la Policía abrió investigación contra ambos.
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Fujimorista evadió audiencia con certificado médico
Luis Cordero Jon Tay enfrenta una segunda investigación en la Comisión de Ética por el viaje que hizo a Panamá con el empresario Carlos Barba Daza para una feria de equipos de interceptación telefónica.
Según el Ministerio Público, Carlos Barba Daza era el contacto del exoficial de inteligencia Jorge Ernesto Hernández Fernández, este último cercano a Pedro Castillo, quien habría tenido interés en la compra de equipos para hacer seguimiento a los opositores.
El caso, sin embargo, avanza lento en la Comisión de Ética, debido a que Luis Cordero evitó presentarse a una audiencia por problemas de salud.
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Para tal fin, adjuntó un certificado médico. Sin embargo, el legislador se olvidó que estaba “enfermo” cuando, en la misma penúltima semana de junio, votó por la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
