La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, ahora pretende criticar las reformas trastocadas que su bancada intenta consumar en el Congreso contra el sistema electoral y otras decisiones.
En una entrevista con ‘Panorama’ el último domingo, Fujimori volvió a conspirar sobre la legitimidad del proceso electoral del 2021 e intentó lavarse las manos cuando le consultaron acerca del juicio político que impulsan su bancada y sus aliados en el Parlamento contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.
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“Hubo varias irregularidades que los entes electorales no quisieron analizar en el fondo del asunto”, dijo acerca del papel del JNE. “Por supuesto (que tengo sospechas de fraude)”, reafirmó sin argumentarlo.
Sin embargo, ni siquiera el propio Congreso, a través de una comisión investigadora, pudo demostrar que las elecciones del 2021 fueron irregulares.
En esa indagación participó la bancada de Fujimori.
Además, el fujimorismo alista otra maniobra que su lideresa no mencionó: modificar el artículo 99 de la Constitución para que los magistrados del JNE, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sean sometidos a antejuicio y juicio político.
Cuando le consultaron a Fujimori si está de acuerdo con ello, respondió: “Será una decisión del Congreso. Yo pienso que eso no conlleva ni ayuda a lograr la legitimidad ni a que los procesos sean más transparentes”.
Pero una de sus voceras de bancada, Patricia Juárez, ha presentado un proyecto de ley para poder acusar constitucionalmente a Salas Arenas. Esa iniciativa incluso ha sido sustentada en la Comisión de Constitución, presidida por el también fujimorista Nano Guerra García.
La lideresa naranja, sin embargo, evadió el tema con sus declaraciones: “No me gusta tener posiciones en blanco y negro porque en el debate se puede encontrar alguna salida, prevalecerá las opiniones técnicas y consensuadas”.
Papel. La bancada fujimorista y su agenda contrarreformista. Foto: difusión
Fujimori también se refirió a la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, proceso en el que su agrupación votó y jugó en pared con el partido Perú Libre.
La candidata del fujimorismo era la exministra de Justicia Delia Muñoz. Fujimori sostuvo que le hubiera gustado que la eligieran y culpó a las demás bancadas por el hecho de que Muñoz no quedara entre los tres finalistas. Sin embargo, fue otro de los voceros del fujimorismo, Arturo Alegría, integrante de la comisión especial para escoger al defensor del Pueblo, uno de los que planteó que estos sean tres. Además, Alegría y su colega de FP, Eduardo Castillo, votaron a favor de que Gutiérrez integre esa terna.
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El acuerdo de la comisión fue que los postulantes aptos sean cinco. Muñoz había quedado en quinto lugar. De no haber sido por la propuesta de Alegría, la candidatura de Muñoz hubiese pasado al Pleno. Pero Fujimori omitió ese detalle. Tampoco mencionó que fue visitada por Gutiérrez a inicios de abril.
Otra contradicción de Fujimori es que ahora rechaza la bicameralidad. “Esa pésima imagen (del Parlamento en las encuestas) debería hacer reflexionar a todos los grupos si es que este es el momento y si es que este es el Congreso que tiene legitimidad para crear una cámara adicional. Yo pienso que no”, dijo.
Lo concreto es que la bicameralidad es un tema vigente porque, en dos oportunidades, sus congresistas plantearon pedidos de reconsideración para evitar que esta reforma sea sometida a referéndum.
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El 12 de julio del año pasado, Víctor Flores, de FP, planteó una reconsideración luego de que la bicameralidad obtuviera 71 votos. Esta se sometió a votación el 8 de junio y fue aprobada con 87. Cuando el Pleno votó el tema de fondo, el fujimorismo y sus aliados fracasaron al conseguir solo 86.
Y para evitar que el proyecto vaya a referéndum, Nano Guerra García interpuso otra reconsideración para volver a votar el tema. Su pedido alcanzó 81 votos. Como no había consenso, solicitó un cuarto intermedio para interrumpir el debate hasta lograr los dos tercios.
De modo que el desempeño de la bancada de FP, que actúa por órdenes de su lideresa, contradice la imagen que Fujimori pretende mostrar.
Los proyectos de ley, entre ellos el de Fuerza Popular, para someter a las autoridades electorales a antejuicio y juicio político están en la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Nano Guerra García.
La denuncia por infracción a la Constitución de parte de Rosselli Amuruz, de Avanza País, contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, está pendiente de ser calificada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP).
Jorge Salas (JNE)
Piero Corvetto (ONPE)
Carmen Velarde (Reniec)