Congreso no dará su brazo a torcer en denuncia de traición a la patria contra Pedro Castillo
Insistencia. Pese a que el TC dispuso dejar sin efecto esta imputación contra el presidente Pedro Castillo, la oposición no la mandará al archivo. Hoy la Comisión Permanente devolverá el expediente a la Subcomisión para reformular este caso.
Los aliados de la vacancia no claudicarán en su intento de denunciar por traición a la patria al presidente Pedro Castillo con el objetivo de inhabilitarlo de la función pública.
Pese a que el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el último martes el habeas corpus del mandatario y ordenó al Congreso dejar sin efecto este caso, la oposición se aferra a continuar con este proceso.
La Comisión Permanente del Congreso tiene agendado para su sesión de hoy el informe final de la denuncia de traición a la patria contra el presidente Castillo. Fuentes de la Mesa Directiva indicaron a La República que el titular del Parlamento, José Williams Zapata, no someterá a voto y tampoco a debate el expediente. Básicamente dará cuenta de la decisión del TC y anunciará que el expediente será devuelto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para reformular la acusación.
Este diario contactó a la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, para consultarle qué significa ello. La congresista de Alianza para el Progreso (APP) respondió: “Es buscar nueva motivación, según lo que indica. Una motivación con mayor sustento. La denuncia constitucional entrará a calificación nuevamente en la SAC”.
Este diario insistió al respecto. ¿La denuncia no irá al archivo pese a que el Tribunal dijo que el proceso no debe seguir?
“El Tribunal Constitucional no dispone el archivo, dispone anular todo lo actuado desde el informe de calificación hasta el informe final y plantea de alguna manera un nuevo proceso”, alegó Camones.
Esto significa que el caso, desde el punto de vista de Camones, retornará a su etapa inicial, pero no significa que el Congreso enviará la denuncia de traición a la patria al archivo.
Desde que se hizo pública esta acusación, que tiene como sustento básico las declaraciones del presidente Castillo en una entrevista en CNN, sobre la posibilidad de una salida al mar para Bolivia en nuestro territorio, juristas como Pedro Grández, Omar Cairo y Ernesto Álvarez manifestaron que esta carece de sustento y es riesgosa.
En la mira. Un sector del Congreso busca destituir a Castillo. Foto: difusión
Eso quedó reflejado el 16 de noviembre, cuando, en una audiencia ante el pleno del TC sobre el habeas corpus, el magistrado Gustavo Gutiérrez le preguntó al procurador del Congreso, Yuri García Cano, si la opinión del jefe del Estado es un delito en grado de tentativa.
“¿Usted pretende que la figura de traición a la patria a partir de la interpretación que se está haciendo va a condenar la opinión propiamente? ¿O el presidente realizó mayores acciones después de opinar en los medios de comunicación?”, insistió Gutiérrez. “Materialmente, no lo hemos puesto en el informe. Como dijo usted, no hay un acto material “, reconoció el procurador García.
En el oficialismo también le increparon a la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, por haber respaldado tal denuncia. Recordemos que cuando se aprobó el informe final –sustentado por Diego Bazán, de Avanza País–, Camones votó a favor y marcó el desempate para que el expediente, que recomienda inhabilitar cinco años al presidente, prospere y avance a la Comisión Permanente.
Ayer, en la sesión de la SAC, su excompañera de bancada Heydi Juárez, quien ahora pertenece a Podemos Perú, le reclamó a Camones. “Le llamo la atención. Usted es quien preside la Subcomisión”, exclamó Juárez. “No estamos en condiciones de llamar la atención, entiéndase que la votación no ha sido por mi decisión”, le recalcó Camones. Pero su excolega apepista insistió: “Nosotros no podemos hacer el ridículo”.
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Pero en el Congreso no reflexionan y persistirán con la acusación.
Los denuncian por cuestión de confianza
Ayer la Asociación Civil Integridad presentó ante el Congreso una denuncia por infracción a la Constitución contra el presidente Pedro Castillo, el primer ministro Aníbal Torres y el resto del gabinete debido a la cuestión de confianza que interpuso la semana pasada Torres para exigir la aprobación de una norma que derogue la ley contra el referéndum.
El argumento de la denuncia es que el primer ministro no puede pedir la confianza para la aprobación de una ley, pues eso es competencia exclusiva del Congreso.
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Reacciones
Jorge Montoya, Renovación Popular
“Desde nuestro punto de vista, nos parece extraño (el fallo del TC), pero tenemos que respetar. El Congreso tiene que aceptarla. El TC es la última palabra, pero el Congreso debe cerrar el caso”.
Wilson Soto, Acción Popular
“Para nosotros, la inhabilitación del presidente Pedro Castillo por cinco años es por infracción a los artículos 32, 54, 110, 118 inciso 1 y 2 de la Constitución Política”.
