Dina Boluarte: Gobierno nombra a financista del supuesto fraude electoral en el Minedu

El Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, nombró —el último 2 de junio— al empresario Álvaro Guillermo Estrada Briceño como nuevo director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, el cual está adscrito al Ministerio de Educación (Minedu). Lo llamativo es que esta persona fue uno de los financistas de la teoría del supuesto fraude electoral —según dio cuenta “La Encerrona”— desplegado por Keiko Fujimori y Fuerza Popular durante el 2021.

El nombramiento, oficializado a través de la resolución ministerial N° 333-2023-MINEDU, lleva la firma de la actual ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez.

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De acuerdo a un informe de Ojo Público, que data de julio del 2021, el nombre de Álvaro Estrada Briceño figura dentro del grupo de 17 personas que financiaron económicamente el pago de las tasas de más de 300 apelaciones presentadas por el partido de Keiko Fujimori, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para revertir los resultados oficiales de la ONPE que daban como ganador del proceso electoral a Pedro Castillo.

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El portal de investigación señaló que Estrada Briceño pagó un total de S/25.080 por 38 recursos legales del fujimorismo para desconocer los resultados electorales. En ese año se desempeñaba como gerente general de la constructora AJJ Contratistas Generales y de la inmobiliaria Evergran Grupo Inmobiliario.

Comisión investigadora del supuesto fraude sin resultados

Entre octubre del 2021 y enero del 2022, la comisión investigadora del supuesto fraude en las Elecciones Generales 2021 le costó al Perú 148.478 soles. De acuerdo con un informe elaborado por el área administrativa del Congreso de la República, hasta enero de 2022, se destinaron 144.194 soles únicamente para el pago de los sueldos de dos asesores II (Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén) y dos técnicos (Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez y Federico Guillermo Muñiz Salmón).

En abril de este año, se supo que los gastos realizados por la comisión de Jorge Montoya ya habían ascendido a más de S/150.000 en pagos de asesorías. Finalmente, esta comisión no ofreció mayores resultados que contribuyesen a la teoría del supuesto fraude electoral.