Carmen Ilizarbe: “En la práctica, el Gobierno ha suspendido los marcos formales de la democracia”
Carmen Elizarbe, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, apunta que, la diferencia entre las protestas sociales que se han suscitado desde diciembre del año pasado, con las que se llevaron a cabo en el 2020, es que ahora los manifestantes son campesinos de poblaciones rurales y no son de sectores liberales, limeños, que piden la recuperación de la democracia.
Carmen Ilizarbe, politóloga, antropóloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es autora del libro La democracia y la calle. Protestas y contrahegemonía en el Perú, editado por el Instituto de Estudios Peruanos. Se trata de una voz experta para analizar el estallido social.
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—Desde el Gobierno se insiste en que el pico de las protestas pasó. ¿Cree que es así?
—Es difícil saber. Acaba de salir un informe de la Defensoría del Pueblo que analiza los tres meses del Gobierno de Dina Boluarte. En ese tiempo hemos tenido 1327 protestas. Eso es más o menos lo que el Perú acumula en todo un año. De esas, 153 han sido hechos de violencia, poco más del diez por ciento. Y sabemos que esos hechos violentos han ocurrido sobre todo al inicio. Las protestas se han ido expandiendo, no son solo en el sur andino. Hay manifestaciones cívicas, simbólicas.
—Pueden ser pequeñas, pero veo un esfuerzo en la ciudadanía por sostener las movilizaciones en el tiempo. El panorama de polarización por las demandas que exigen la caída del Gobierno y la cerrazón de este que atiende las protestas con declaratorias de emergencia y una represión brutal van a terminar —en el mediano plazo— forzando a un contingente del país a definirse, sobre todo en Lima, que aún no quiere tomar una posición clara.
—¿Cree que Lima no ha asumido una posición? Yo pensaba más bien que en su mayoría estaba en contra de las protestas.
—No estoy muy segura de que es así. Mucha gente cuestiona las movilizaciones porque hemos visto hechos fuertes de violencia, toma de comisarías, aeropuertos, incendios, y que en general no se pueden defender. Por otro lado, la represión ha sido brutal, las muertes, el número de violaciones a los derechos fundamentales se incrementan. Los reclamos de organismos internacionales y de otros países no tienen efecto en el Gobierno, que no asume responsabilidad. Eso va a terminar confrontando a sectores que no quieren adherirse todavía. Sin embargo, hay que considerar que la mayoría de las protestas no son violentas.
—Hay decenas de muertos y cientos de heridos. Pero quienes ocupan el poder se mantienen. ¿Cómo se puede entender?
—Es difícil dar una explicación. Todas estas acciones represivas ocurren en el marco de declaratorias de emergencia. Eso es un rasgo muy peligroso y muy característico de este Gobierno, que ha suspendido las garantías de derechos fundamentales prácticamente desde el inicio. El Gobierno no opera en los marcos habituales de la democracia, sino gobierna bajo régimen de excepción. En la práctica, el Gobierno ha suspendido los marcos formales de la democracia para gobernar de forma autoritaria, sin control, porque el Congreso se niega a ejercer sus funciones…Proponen prevenir conflictividad social con respeto a DD. HH. en países de la región
—Ni siquiera han querido interpelar a Otárola.
—Y encima el Tribunal Constitucional ha ido aprobando acciones del Congreso que atentan contra el balance de poderes sancionado en la propia Constitución de 1993. Es difícil entender cómo quienes componen el gabinete, y que van a tener más directamente responsabilidad política y penal cuando este Gobierno caiga, se mantienen en su lugar. En el análisis político hay que pensar en las leyes, pero, sobre todo…
—¿En la manera en que se ejerce el poder?
—Así es. Y este es un Gobierno claramente autoritario. Por otro lado, parece clara una alianza con el Congreso. Recordemos que Boluarte estaba en riesgo de ser inhabilitada por este mismo Parlamento antes de ser presidenta. Se puede establecer una alianza entre dos instancias que venían enfrentadas en distintas secuencias y momentos. Independientemente de las ideologías, el Congreso ha tratado por diferentes medios de tomar el control del Poder Ejecutivo.
—Y lo ha conseguido.
—La presidenta lo es porque el Congreso se lo ha permitido y el desbalance de poderes es claro. Lamentablemente, avanzamos en el camino de lo que en términos más formales podemos llamar dictadura. Cuando el poder se concentra y no tiene contrapesos ni responde a nadie, mucho menos al marco legal normativo que es la Constitución, estamos hablando de una dictadura. Boluarte no gobierna de acuerdo al marco normativo de la democracia, sino con régimen de excepción y sin balance de poderes.
—¿Qué características tienen las movilizaciones de hoy?
—Hay semejanzas con las del 2020. Se responde frente a un hecho que es leído de la misma manera: la toma del Ejecutivo por el Congreso. Aunque la sucesión de Boluarte es constitucional y se asemeja más al caso de Vizcarra que al de Merino, la praxis política de la presidenta no es democrática. Incluso, al asumir no da continuidad al discurso ni al programa enarbolado por Pedro Castillo. Es más, dijo que no habría referéndum para una asamblea constituyente y que gobernaría hasta el 2026, en un contexto en el que se había alcanzado un consenso en que debían irse todos. Lo que pasó es que cayó Castillo, asumió Boluarte y el Congreso sigue en su lugar. Esa gran demanda fue ignorada.
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—¿Y cuáles son las diferencias con lo visto antes?
—La gran diferencia con el 2020 y con otras protestas anteriores, incluyendo la de los ‘Cuatro Suyos’, es que esta vez no son sectores liberales, urbanos, limeños, clases medias que enarbolan la bandera de la recuperación de la democracia. Esta vez son campesinos, campesinas, poblaciones rurales organizadas de los andes, principalmente. No hemos visto acá mucha fuerza de la población amazónica. Hay un liderazgo andino. El inicio ha sido en el sur y ha ido expandiéndose, alcanzando cierta solidaridad en algunos sectores del país, aunque no con la contundencia que un país centralista como el Perú requiere para darles vuelta a las cosas. Al entrar estos actores a la línea primera, las demandas son diferentes también. Y esa es otra diferencia importante en el estallido social peruano.
