Puno: dirigentes y gremios exigen amnistía para Pedro Castillo durante audiencia de Juntos por el Perú
El senador Jaime Quito respaldó el pedido y recordó que ya hay un proyecto de ley presentado. Entre los asistentes estuvo Roberto Sánchez, jefe de gabinete de asesores de la bancada en el Senado.
Dirigentes y representantes de gremios de Puno exigieron este viernes la amnistía para el expresidente Pedro Castillo, durante una audiencia de la bancada de Juntos por el Perú.
Una residente tomó la palabra y aseguró que el exmandatario no debería estar preso. "Lo han secuestrado las mafias y organizaciones criminales. La ONU está ordenando que lo liberen porque no hay base jurídica", dijo para La República.
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El senador Jaime Quito respondió al pedido y señaló que el Congreso ya tiene una iniciativa que va en esa dirección. "Se ha presentado un proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo. Ese es el pedido de la población", afirmó.
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En la audiencia también estuvo Roberto Sánchez, excandidato presidencial y actual jefe de gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado. Participaron además Iber Maraví y José Chipana, parlamentarios de la misma bancada.
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Castillo fue condenado a 11 años de prisión
El proyecto al que hizo mención Quito es el 00719-2026-2031-CD, que plantea dar amnistía para Castillo y para los procesados por las protestas que iniciaron desde el 28 de julio de 2021 cuando Dina Boluarte asumió el poder. Ingresó a la Cámara de Diputados el 30 de octubre con las firmas de los diputados de Juntos por el Perú y de 14 de Cívico Obras, uno de los cuales, el de Jeenny Samanez, fue retirado después.
Pedro Castillo recibió una condena en primera instancia el 27 de noviembre del año pasado. El Poder Judicial le impuso 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del mensaje que anunció la disolución del Congreso.
El exmandatario permanece recluido desde el 7 de diciembre de 2022 en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, en el pabellón de régimen especial destinado a expresidentes y administrado por el INPE.
Por otro lado, la eventual aplicación de la amnistía tampoco supondría la liberación inmediata de Castillo. El anexo del proyecto señala que el expresidente cumple una prisión preventiva de 36 meses por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, vinculados a presuntos delitos de organización criminal y otros. Esta medida fue ampliada por 12 meses el 27 de febrero de 2026.
Así que, al tratarse de procesos que no están incluidos en la ley, el mandato de prisión preventiva continuaría vigente.
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