Amnistía para Pedro Castillo: Comisión presidida por Juntos por el Perú verá dictamen que favorecería al expresidente

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la congresista Catherin Palomino de Juntos por el Perú, será la encargada de evaluar y elaborar el dictamen sobre la propuesta de ley que plantea conceder una amnistía al expresidente Pedro Castillo y a otros procesados por los hechos del 7 de diciembre de 2022.

El pasado 2 de noviembre, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, a cargo de Hugo Rovira Zagal, dispuso el envío de la proposición legislativa a este grupo de trabajo para la emisión del informe técnico correspondiente. La iniciativa, presentada el 30 de octubre, lleva como principal autora a Palomino.

La medida busca la liberación del exmandatario y el cierre de sus causas penales mediante la anulación de las investigaciones, condenas y medidas cautelares en su contra.

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Alcances y exclusiones del proyecto de ley

El proyecto de ley establece que su objeto principal es "conceder amnistía [...] por los hechos vinculados a la crisis política y social ocurridos desde el 28 de julio de 2021".

De acuerdo con el documento, se busca evitar que el derecho penal sancione el ejercicio de la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación política.

En cuanto a sus efectos directos, el texto determina que la amnistía "extingue la acción penal y la pena, incluidas las penas accesorias, las medidas de seguridad y las demás consecuencias penales".

Respecto a la situación de Pedro Castillo y su entorno, la propuesta otorga amnistía por los actos "consistentes en los actos previos o preparatorios, la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso emitido el 7 de diciembre de 2022".

En esa línea, el documento delimita esta medida "desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la presente ley".

Para los manifestantes investigados o condenados en protestas regionales, el proyecto abarca conductas calificadas como disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, resistencia a la autoridad, daños, usurpación, apología u organización criminal cuando se sustenten en la convocatoria de las marchas.

Asimismo, el texto abarca una regla general para cualquier otro delito menor, con penas máximas no mayores a cuatro años, que se haya cometido durante las manifestaciones.

La amnistía, sin embargo, no aplica para los casos más graves. El texto aclara que no habrá perdón para los delitos constitutivos de "genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, incluidos los homicidios dolosos, las lesiones graves dolosas, la violencia sexual, la tortura y la desaparición forzada".

Tampoco protege los "hechos cometidos por funcionarios, servidores públicos, miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú en el uso de la fuerza", cuyos juzgamientos continuarán su curso.

Por último, la iniciativa exige celeridad en su aplicación: dispone que la fiscalía o el juez competente resuelva cada caso "dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley o a la presentación de la solicitud", y ordena al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumplir con "la excarcelación dentro de las veinticuatro horas siguientes" a la notificación.

Registros de visitas a Barbadillo

Sin embargo, la derivación del proyecto ocurre en medio de cuestionamientos a Palomino por sus nexos con el exmandatario.

Según los registros oficiales de Transparencia del Congreso, la actual diputada visitó a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

Durante ese periodo, Palomino trabajaba como personal técnico en los despachos de los congresistas Alfredo Pariona y Katy Ugarte, realizando visitas en horario de trabajo. Posteriormente, la legisladora postuló al Congreso en la lista de Juntos por el Perú.

Revelaciones de los chats y presuntas presiones

Ya en funciones como diputada, Palomino administraba un grupo de WhatsApp llamado 'Despacho CPC', que ella misma reconoció manejar en una entrevista periodística.

El material de ese chat fue entregado por Marco Paliza, exasesor de la legisladora, quien manifestó su disposición a declarar ante la Fiscalía sobre su contenido.

Según los mensajes difundidos por Panorama, el 27 de julio Palomino comunicó a su equipo que habría rotación de personal cada tres meses. Paliza relató que esa dinámica respondía a presiones para colocar a personas de confianza en el despacho. En uno de los chats citados, la propia legisladora escribió: "Ya el presi me ha exigido y me ha dado dos nombres. No sé ni cómo decirle que no", agregando que la hizo sentir descalificada al recordarle cómo llegó a su cargo.