Reniec corrigió el domicilio de 38,000 electores "golondrinos": Áncash concentra el 40% de los casos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) restituyó a más de 38,000 ciudadanos que habían registrado un domicilio irregular con fines electorales, la práctica conocida como voto golondrino o golondrinaje. Del total, más de 31,000 casos fueron detectados directamente por el Reniec y algo más de 6,000 por la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según precisó la directora del Registro Electoral, Milagros Suito Acuña, en entrevista sobre el tema.

"De los 38,000 casos restituidos por Reniec han sido más o menos más de 31,000 y un poco más de 6,000 por parte del Jurado Nacional de Elecciones, producto de la fiscalización que ellos también efectuaron", detalló la funcionaria. Casi el 40% de esas restituciones se concentra en Áncash, seguida por Cusco, con 3,878 ciudadanos restituidos; Huánuco, con 3,435; y Arequipa, con 3,281. Entre estas cuatro regiones se agrupa cerca del 70% de los casos detectados a nivel nacional, de un total de 59 distritos donde el Reniec ejecutó las verificaciones domiciliarias.

Las verificaciones, reguladas por el Reglamento de Elaboración del Padrón Electoral y la Ley Orgánica del Reniec, se realizaron entre febrero y marzo de este año y abarcaron 59 distritos distribuidos en 18 provincias de 18 departamentos a nivel nacional. "Todas estas restituciones fueron publicadas hasta antes de la aprobación del padrón", que el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el 6 de junio precisó Suito Acuña, remarcando que el proceso de fiscalización concluyó antes de que el documento electoral quedara cerrado para las Elecciones Regionales y Municipales de este año.

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Canon minero y pobreza extrema, denominador común

La funcionaria explicó que existe una correlación entre los distritos donde se concentra el golondrinaje y aquellos que manejan un mayor presupuesto público, varios de ellos con presencia de actividad extractiva minera. Suito mencionó los casos de San Marcos, Pichari, La Valla, Yarabamba y Chavín de Huántar como algunos de los distritos donde coinciden un presupuesto alto, en parte vinculado al canon, y las verificaciones domiciliarias realizadas por la institución.

Suito Acuña añadió que, más allá del factor presupuestal, las verificaciones permitieron identificar un patrón demográfico común: al menos 28 de los 59 distritos analizados tienen una población que oscila entre 1,000 y 5,000 habitantes. A ello se suma una escasa presencia del Estado, poco acceso a servicios públicos y condiciones de extrema pobreza, factores que, según la funcionaria, facilitan que este tipo de prácticas se concentren en determinadas zonas del país antes de cada proceso electoral.

Sin sanción penal efectiva

Pese a que el fenómeno se repite en procesos electorales anteriores, Suito Acuña admitió que "no existe una sanción en la vía penal que se haya dado de manera efectiva" contra quienes incurren en esta práctica. Por ello, consideró necesario "evaluar la precisión de la definición del delito de transhumancia", tipificado en el artículo 359 del Código Penal. La funcionaria dijo que debería revisarse ante la ausencia de condenas conocidas hasta la fecha.

Además, valoró como positiva la reducción del plazo de cierre del padrón electoral, medida aprobada por el Congreso de la República y aplicada por primera vez en las elecciones generales recientes. Sin embargo, adelantó que, tras una evaluación inicial de los resultados de esa reducción, el Reniec considera necesario presentar una iniciativa legislativa para ampliar ese mismo plazo, pero específicamente para las elecciones regionales.

"A diferencia de la elección general, en la elección regional se tienen que tomar este tipo de medidas de verificación de domicilio y ello supone un plazo operativo mucho mayor del que se ha contado para este proceso electoral", explicó.

Según detalló, una ampliación razonable del plazo permitiría no solo un mayor margen operativo para el sistema electoral, sino también que los ciudadanos puedan interponer oportunamente los medios impugnatorios que correspondan.